La diputada Georgina Solorio presentó una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Pública en Durango, con el objetivo de crear un sistema de justicia cívica y mediación policial. La propuesta busca frenar los abusos policiales que se han denunciado especialmente en el municipio de Lerdo, donde se reportan detenciones arbitrarias y extorsiones.

Abusos policiales en Lerdo deben terminar, afirma Georgina Solorio

Solorio denunció que en Lerdo se ha vuelto común que cuerpos policiacos detengan a jóvenes en bicicleta o motocicleta bajo acusaciones infundadas de consumo de drogas. Estas detenciones, que antes eran esporádicas los fines de semana, ahora ocurren a diario, especialmente en zonas rurales y vulnerables. A los detenidos se les exige el pago de 10 mil pesos para evitar su traslado a Durango, lo cual representa una grave forma de extorsión, según la diputada.

Este tipo de abusos policiales no solo vulnera derechos humanos, sino que deteriora la confianza ciudadana en las instituciones. “La seguridad no se construye únicamente con armas o patrullas, sino con voluntad y diálogo, con ética y justicia”, enfatizó.

Justicia cívica en Durango: solución contra abusos policiales

La iniciativa propone capacitar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en justicia cívica, mediación policial y trato digno. El propósito es que los policías puedan actuar en conflictos comunitarios menores mediante herramientas restaurativas, sin necesidad de escalar los casos al sistema penal.

Además, los casos podrían ser canalizados a juzgados cívicos, en coordinación con autoridades municipales. Esta medida está inspirada en el Modelo Homologado de Justicia Cívica promovido a nivel nacional, que ha mostrado resultados positivos en la Ciudad de México y el Estado de México, con una reducción del 30% en faltas administrativas y un aumento de la confianza ciudadana.

Según datos del INEGI, el 65% de los duranguenses considera la delincuencia como el mayor problema en su comunidad, y más del 60% de los conflictos cotidianos no se resuelven por vías institucionales, lo que demuestra la urgencia de implementar un sistema de justicia cívica.

La propuesta también se alinea con el artículo 17 constitucional y con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que promueven los medios alternativos de solución de conflictos como herramientas clave para el acceso a la justicia.

Por: Antonio Gaytán