El gobernador Esteban Villegas calificó como grave la intervención política atribuida a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente instruye a legisladores a votar en contra del Presupuesto 2026 de Durango.
El mandatario sostuvo que este tipo de directrices externas no corresponden al trato institucional que el estado ha mantenido con la Federación y mucho menos a un análisis serio del paquete económico.
Villegas recordó que Durango ha acompañado todas las reformas federales y todos los programas sociales aprobados en el país, siempre con apoyo unánime en el Congreso local.
Por ello, consideró injusto que la entidad fuera colocada “en la misma bolsa” que otros estados por una decisión que, aseguró, responde a cálculos partidistas. “Es en verdad bien grave que algo así suceda”, señaló.
Respecto al voto en contra de algunos diputados locales, el gobernador afirmó que no hubo argumento técnico que justificara rechazar el presupuesto más alto en la historia de Durango. Explicó que el secretario de Hacienda estatal dedicó casi cinco horas a detallar cada capítulo del gasto, responder dudas y revisar rubros prioritarios como seguridad, salud, infraestructura y programas sociales. “No hay pretexto”, dijo.
El titular del Ejecutivo estatal también aclaró que no habrá revanchismo hacia municipios gobernados por fuerzas políticas que se opusieron al presupuesto. Reiteró que su obligación es con la ciudadanía y no con disputas partidistas. Sin embargo, advirtió que la decisión de votar en contra sí tendrá consecuencias políticas para los legisladores cuando la gente conozca que se opusieron a recursos para medicamentos, el hospital de Santiago Papasquiaro, las Rutas de la Salud, proyectos de infraestructura y el fortalecimiento de la seguridad pública.
“Yo no me voy a desquitar con nadie; la responsabilidad política es de quienes decidieron rechazar el presupuesto”, subrayó.
Villegas insistió en que Durango mantendrá el diálogo institucional, pero llamó a que decisiones nacionales no interfieran en el desarrollo del estado ni en la atención que las familias necesitan.
Por: Antonio Gaytán




