La seguridad pública en los municipios podría dar un giro histórico en Durango. El diputado Noel Fernández Maturino, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó ante el Congreso local una iniciativa que propone sustituir el modelo tradicional de seguridad municipal por un nuevo esquema basado en la Justicia Cívica, con enfoque preventivo, restaurativo y comunitario.

Durante su intervención en tribuna, el legislador subrayó que los municipios son la primera línea de atención ante un conflicto, por lo que deben contar con herramientas eficaces para resolverlo desde su origen. La propuesta incluye la creación de una Ley Estatal de Justicia Cívica, que establecería reglas comunes para todos los municipios, con el fin de actuar con rapidez y cercanía ante faltas administrativas o conflictos vecinales, evitando su escalada a delitos mayores.

“No se trata solo de sancionar, sino de atender las causas sociales detrás de cada conducta”, expresó Fernández.

🔄 De castigar a prevenir

El nuevo enfoque permitiría a los ayuntamientos sustituir las sanciones tradicionales, como arrestos o multas, por alternativas como trabajo comunitario, programas sociales o terapias, siempre de manera voluntaria y mediante acuerdo con un juez cívico. El objetivo es reparar el daño, fomentar el respeto a la ley y evitar la reincidencia.

⚖️ Justicia al alcance de todos

Actualmente, aunque la Ley Orgánica del Municipio Libre permite aplicar justicia cívica, no existe una ley estatal que armonice criterios y procedimientos, lo que provoca que algunos municipios no cuenten con estos mecanismos. La propuesta busca cerrar esa brecha y garantizar un acceso equitativo a la justicia administrativa.

🧠 Cambio cultural

Además de la reforma legal, el diputado subrayó la necesidad de capacitar a jueces, policías y funcionarios municipales en el nuevo modelo, y de fomentar una cultura de legalidad y resolución pacífica de conflictos, desde la comunidad y con participación ciudadana.

Durango seguiría así los pasos de entidades como Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México y el Estado de México, donde ya existen leyes estatales de justicia cívica que han mostrado resultados positivos en la reducción de violencia y fortalecimiento del tejido social.

“Se trata de crear nuevos mecanismos y fortalecer los que ya existen, para garantizar una vida más tranquila y armoniosa para todos”, concluyó el legislador.

Por: Antonio Gaytán