La diputada del PAN, Paty Jiménez, lanzó un señalamiento contundente tras la acusación formal presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al advertir que el caso pone en duda la legitimidad de su gobierno.

“Esto no es un rumor ni un tema político menor. Es una acusación judicial formal que pone en duda la integridad de un gobierno completo”, afirmó.

La legisladora sostuvo que lo más grave del caso es la posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral de 2021, al señalar que existe la posibilidad de que un gobierno haya llegado al poder con apoyo del narcotráfico.

“Estamos hablando de algo mucho más serio: la posibilidad de que un gobierno haya llegado al poder con apoyo del crimen organizado”, enfatizó.

Jiménez recordó que desde ese proceso electoral, la oposición denunció irregularidades como violencia, presión a votantes y presencia de grupos armados, situaciones que, dijo, fueron minimizadas por autoridades y el oficialismo.

“Hoy lo que se denunció en México aparece en una acusación judicial en Estados Unidos. No se puede seguir ignorando la realidad”, señaló.

La diputada también vinculó estos señalamientos con el contexto de violencia en Sinaloa, al advertir que los niveles de homicidios, desapariciones y enfrentamientos reflejan una crisis de seguridad.

“No es casualidad que Sinaloa esté en crisis. No se puede combatir al crimen desde un gobierno señalado de tener vínculos con él”, sostuvo.

Ante este escenario, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para iniciar de inmediato una investigación seria, sin proteger a nadie, y planteó que quienes cuenten con fuero deben enfrentarlo.

“El que tenga responsabilidad, que enfrente la justicia. Y quien tenga fuero, que lo pierda”, expresó.

Asimismo, consideró que el Senado de la República debe analizar la desaparición de poderes en Sinaloa como un mecanismo constitucional ante una situación extraordinaria.

“No es una medida extrema, es una herramienta legal cuando el Estado pierde el control y las instituciones ya no pueden garantizar seguridad a las familias”, explicó.

Finalmente, advirtió que este caso no puede normalizarse ni minimizarse, al señalar que está en juego la legitimidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en sus gobiernos.