El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Ernesto Alanís Herrera, advirtió que el aumento de menores delincuentes involucrados en pandillas y delitos graves en Durango no puede atenderse únicamente con la idea de juzgarlos como adultos.

Señaló que, si bien existe preocupación por casos en los que adolescentes han participado en hechos que implican el uso de armas de fuego y conductas de alto impacto, la respuesta no debe centrarse solo en endurecer las penas.

“No es nada más decir más castigos o juzgarlos como adultos”, planteó, al insistir en que se trata de un fenómeno social que requiere una atención más amplia.

El también coordinador del grupo parlamentario del PRI explicó que el debate actual parte de un dilema: por un lado, la necesidad de proteger a los menores, y por otro, la gravedad de las conductas en las que algunos están involucrados.

En ese sentido, subrayó que el Congreso deberá revisar el tema con responsabilidad, sin caer en decisiones que puedan afectar a la mayoría de los menores que no están vinculados a actividades delictivas.

Alanís enfatizó que el problema debe abordarse desde una perspectiva integral, que incluya factores como la desintegración familiar, las condiciones económicas y el entorno social en el que se desarrollan los jóvenes.

Incluso, planteó la posibilidad de analizar la responsabilidad de los padres o tutores, especialmente en contextos donde los menores carecen de supervisión o enfrentan situaciones de abandono.

El legislador dejó claro que, aunque se revisarán propuestas que plantean endurecer sanciones o modificar criterios para juzgar a menores, cualquier decisión deberá sustentarse en criterios claros y bien definidos.

Actualmente, el marco legal en México establece que los menores de edad no pueden ser juzgados como adultos, ya que existe un sistema de justicia especializado que prioriza la reinserción social por encima del castigo.

Este modelo, basado en principios de derechos humanos, considera que niñas, niños y adolescentes tienen un desarrollo distinto al de los adultos, por lo que las sanciones deben ser diferenciadas y proporcionales.

Además, establece que la privación de la libertad debe ser una medida excepcional y aplicada solo en casos necesarios.

En este contexto, la postura de Alanís se alinea con el enfoque vigente, al advertir que el reto no es únicamente castigar, sino evitar que más menores se involucren en actividades delictivas.

“El objetivo debe ser que no suceda”, sostuvo, al señalar que la prioridad debe estar en la prevención y no solo en la sanción.

Finalmente, indicó que el Congreso de Durango dará seguimiento al tema y analizará posibles ajustes, pero siempre bajo la premisa de atender el problema de fondo y no solo sus consecuencias.