La directora de la Comisión de Agua del Estado de Durango (CAED), Yadira Narváez, aclaró que la nueva Ley General de Aguas no afecta los derechos de los productores y que pueden tener la certeza de que conservarán sus facultades para heredar, vender o transferir tierras con agua. Señaló que algunas versiones difundidas en redes generaron confusión, pero afirmó que esos temores deben quedar descartados.
Narváez explicó que la ley aprobada es una base general que aún requiere reglamentos y lineamientos técnicos para su operación. Subrayó que nada en la legislación impide que una parcela con pozo pueda heredarse o comercializarse, ni restringe prácticas habituales dentro de las unidades de riego. Destacó que los productores pueden seguir realizando bordos, ollas de captación o movimientos internos de agua sin contravenir la norma.
Indicó que, en materia de agua potable, la nueva ley garantiza la prelación del derecho humano al agua, lo que refuerza la obligación de asegurar el suministro a la población. Añadió que un punto clave será la definición del artículo 29, donde se establecerá el volumen de agua asignado por ciudadano, considerando factores como clima, características urbanas y disponibilidad regional.
Sobre el combate al guachicoleo de agua, Narváez señaló que se requerirá una vigilancia más estricta y el uso de tecnología. Explicó que el monitoreo de flujo en tuberías permitiría detectar extracciones irregulares y evitar desvíos no autorizados, elemento que será fundamental para evitar abusos y proteger el destino del recurso.
La funcionaria también se refirió a casos en los que pozos y unidades de riego quedaron dentro de la mancha urbana. Explicó que la ley abre la posibilidad de reasignar volúmenes hacia zonas agrícolas o ampliar fronteras de riego, siempre bajo criterios que deberán definirse en la reglamentación. Afirmó que estos ajustes permitirán ordenar mejor el uso del agua y asegurar que se utilice conforme a su vocación original.
Narváez reiteró que la nueva Ley de Aguas debe interpretarse como un instrumento que busca dar seguridad jurídica y operativa, y no como una amenaza para los derechos de los campesinos.
Por: Antonio Gaytán
