El Partido Acción Nacional en Durango fijó su postura tras la detención de José Raquel, ex candidato a la presidencia municipal de Santiago Papasquiaro, al señalar que no cuenta con información oficial detallada sobre el caso y que será respetuoso de los procesos legales que sigan las autoridades correspondientes.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Durango, Mario Salazar, afirmó que hasta el momento la dirigencia estatal desconoce las causas jurídicas específicas de la detención, así como el estatus legal que guarda el ex candidato, por lo que llamó a esperar información confirmada por las instancias responsables.

Indicó que, independientemente del caso en particular, el PAN mantiene una postura clara y consistente: cualquier persona que enfrente señalamientos debe someterse a las investigaciones conforme a la ley y, en caso de que se determine culpabilidad tras el debido proceso, asumir las consecuencias legales que correspondan.

El dirigente estatal subrayó que el partido no ha protegido ni protegerá conductas ilegales y que su posición ha sido la misma en otros casos donde se han presentado señalamientos públicos contra actores políticos. Reiteró que corresponde exclusivamente a las autoridades investigar, revisar y, en su caso, sancionar.

Respecto a un posible impacto político, Mario Salazar aclaró que el hecho no representa una afectación directa para el PAN, al precisar que se trata de un candidato ciudadano y no de un militante del partido. Aun así, insistió en que la dirigencia no será omisa ni encubrirá ninguna falta si las autoridades determinan responsabilidades.

La detención del ex candidato fue realizada por elementos de la Guardia Nacional en Santiago Papasquiaro y quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones; sin embargo, hasta ahora no se ha emitido un comunicado oficial que detalle los cargos o delitos que se le imputan, por lo que el caso se mantiene en una etapa de información preliminar.

Finalmente, el Partido Acción Nacional en Durango reiteró su llamado a que el caso se conduzca con apego a la legalidad, respeto al debido proceso y sin adelantar juicios, en espera de que las autoridades federales aclaren los hechos y definan la situación jurídica del detenido.