La diputada federal Paty Jiménez, del grupo parlamentario del PAN, rechazó la intención de criminalizar el uso y comercialización de vapeadores al considerar que se trata de una medida incongruente en materia de salud pública y alejada de los verdaderos problemas que enfrenta el país.

La legisladora señaló que el debate en la Cámara de Diputados evidenció una falta de criterio y proporcionalidad, al pretender imponer penas de cárcel severas para quienes compraran, vendieran o consumieran vapeadores, mientras que otras sustancias de mayor impacto en la salud pública no reciben el mismo tratamiento legislativo.

Jiménez calificó como desmedida la propuesta original que contemplaba castigos de hasta ocho años de prisión y subrayó que, gracias a la presión ejercida por la oposición, se logró eliminar esa penalidad extrema. No obstante, reconoció que la prohibición de los vapeadores se mantuvo, así como sanciones mínimas para su comercialización.

Afirmó que este tipo de decisiones no responden a una política seria de prevención ni a una estrategia integral de salud, y advirtió que existen productos legales y drogas de mayor riesgo que continúan sin una regulación equivalente ni una discusión de fondo.

La diputada federal también criticó la forma en que se desarrolló el debate legislativo, el cual se prolongó durante varias horas sin que existiera apertura real para escuchar las propuestas de la oposición. Indicó que este desgaste es cada vez más frecuente en el Congreso, donde se discuten temas sensibles sin voluntad de diálogo ni consenso.

Jiménez sostuvo que Morena utiliza el discurso de protección a la salud para justificar decisiones que, en la práctica, resultan contradictorias y poco efectivas, generando confusión jurídica y social sin atender las causas reales del problema.

Agregó que legislar con base en ocurrencias o posturas ideológicas, sin sustento técnico o científico, debilita la credibilidad del Congreso y afecta la calidad de las leyes que se aprueban.

Finalmente, la diputada del PAN insistió en que la política de salud pública debe centrarse en la prevención, la educación y el análisis responsable de riesgos, y no en la criminalización selectiva, que termina exhibiendo incongruencias y profundizando la desconfianza ciudadana en las instituciones.

Por: Antonio Gaytán