La renovación del Congreso de Durango en el pasado proceso electoral no logró brindar una marcada representatividad a la comunidad LGBTIQ+ para la toma de decisiones políticas, a pesar de que así lo establecen las acciones afirmativas instauradas por el Instituto Nacional Electoral desde 2021.

Este tipo de mecanismos obligan a los partidos a postular a personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas de comunidades o pueblos indígenas y personas migrantes, para hacer posible la representatividad de todos en los puestos de poder, entre ellos el Legislativo.

Con el propósito de no violar los derechos humanos y los derechos de participación política, quienes hubieran contendido en el pasado proceso electoral a cargos con la acción afirmativa de diversidad sexual, debían presentar una carta al INE para acreditar que son parte de dicha comunidad.

Ahora, con la conformación de esta nueva legislatura, diversos representantes de la comunidad confían en que, en el siguiente periodo, puedan tener aliados a su favor.

“Parece que de parte de la diversidad sexual y de género habrá una representación en propietario y en suplente. Esperamos generar ese cabildeo y esa apertura de conciencia con los demás legisladores que vemos con muy buena disposición y nuevas caras que tengan ese progreso de avanzar y de ser gente progresista y de avanzada (…) a veces no entendemos que no es llevar al estrado legislativo nuestra Biblia, sino nuestra Constitución”, refiere Ezequiel García, diputado suplente por Movimiento Ciudadano.

Es en la morenista Delia Deras en quien recae la diputación local propietaria, que, sumando a la suplencia de Ezequiel García, representante de Movimiento Ciudadano, tendrán la responsabilidad de llevar la resonancia del sector poblacional que avanza con varios pendientes en su causa.

En cambio, el activista Alan Espinoza de la O refiere lo siguiente:

“Actualmente, no existe una representatividad a pesar de que llega una persona de la comunidad LGBT, entonces activamente no existe”, aunque coincide en que podrán encontrar alianzas a favor de los derechos humanos de todas las personas.

“Que podamos encontrar aliados y aliadas en esta nueva legislatura, quiero creer que sí, vamos a poder transitar en ese panorama. Sin embargo, vamos a estar ahí exigiendo lo que nos pertenece, que son los derechos, porque no se piden, se exigen”.

En el proceso electoral de este año fueron ocupadas diversas candidaturas a cargos de elección popular, pese a que las y los aspirantes, no se acreditaron como parte de la diversidad sexual, discapacidad, afromexicanas, indígenas o migrantes tal como lo indican las acciones afirmativas establecidas por el INE.

“No somos minoría”

En México, 1 de cada 20 personas mayores de 15 años se autoidentifica como parte de la comunidad LGTBIQ+. Esta cifra tiene un impacto en Durango, donde según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, existen 96 mil 450 personas se identifican como homosexuales, lesbianas, bisexuales, pansexuales o asexuales.

Alan Espinoza de la O defiende la postura de la diversidad sexual, al afirmar que los derechos humanos son para todas las personas:

“Es un concepto que debemos de borrar en poblaciones específicas como minorías, porque eso ha dado armas a legisladores, como para hablar: ‘yo legislo para una mayoría’ y necesitamos poner al centro a todas las personas, porque formamos parte de una sociedad y contribuimos desde diversos ámbitos: educación, salud, sectores económicos, productivos, entre otros”.

La legislación incluyente será aquella que arrope a todas las personas sin ningún tipo de distinción por raza, sexo, orientación sexual, edad o género, tal como lo plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México forma parte.

Los eternos pendientes del poder legislativo

Uno de los aciertos del actual gobierno estatal fue la aprobación por decreto del matrimonio igualitario, aunque este triunfo no ha sido suficiente ante la necesidad de continuar con la apertura de otros derechos, como el de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que posibilita a cualquier persona a que pueda cambiar sus documentos oficiales con otro nombre y género con el que se identifique, sin tener que recurrir a un amparo.

Para Alan Espinoza de la O, aún quedan otros temas por legislar:

“Sí está el tema del matrimonio igualitario porque se aprobó por decreto; sin embargo, sigue un rechazo de parte de Registro Civil porque no hay legislación al respecto en el código civil con el registro de hijos e hijas de familias diversas, de matrimonios lesboparentales y homoparentales. Está el tema de la Ley de Identidad y podríamos avanzar en el tema de identidad de infancias. Podemos hacer el análisis empezando en cómo han avanzado los demás estados y cómo estamos nosotros”.

En México, se han registrado 305 hechos violentos motivados por el odio de 2019 a 2022, incluyendo asesinatos, desapariciones, atentados a la vida y suicidios, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ en México.

Tan solo en 2022, este observatorio documentó 22 desapariciones y 62 casos de asesinatos, atentados, y suicidios, con la mayoría de las víctimas como personas de entre 25 y 29 años, mujeres trans y hombres homosexuales. Ante este escenario, el activista Ezequiel García promueve que se tipifiquen los crímenes de odio:

“También se tienen que tipificar los crímenes de odio, una persona agredida por su orientación sexual, llega un MP y no pasa nada. Se vulneran los derechos como persona, pero no se han tipificado por identidad de género.”

A finales de abril, el Senado de la República aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Salud, para prohibir y sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), o también llamadas “terapias” de conversión, con las que se intenta obligar a las personas a cambiar su identidad sexual.

“Las clínicas de terapias de conversión, al no estar reguladas y al estar disfrazadas como clínicas para atender adicciones y alcoholismo, se ingresan a personas de la comunidad para “reconvertir” y violan los derechos humanos de las personas con terapias de electroshock, violaciones correctivas y con una serie de sucesos que violentan su cuerpo e identidad, y su forma de ser que terminan en situaciones difíciles como el suicidio.

En Durango, el 10 por ciento de las personas que se han suicidado son parte de la comunidad sexual y son cosas que no se hablan y no se dicen”, sentencia Ezequiel García.

Para la comunidad de la diversidad sexual existen algunas esperanzas de apoyo a su favor, por lo que Alan Espinoza no descarta la apertura a los derechos humanos:

“Hay que dar el beneficio de la duda, y que se vaya configurando la estructura que tienen planeada, lo ha mencionado y ha hablado sobre las poblaciones, pero nada en específico. Yo creo que primero debemos esperar y de este lado debemos exigir”.

Por: Karla Tinoco