El ajuste al impuesto predial en el municipio de Durango responde a un esquema de proporcionalidad y equidad, no a una recatastración ni a un cobro por zonas, y en el 80 por ciento de las viviendas el incremento es mínimo, aclaró el director de Finanzas del Ayuntamiento, Obed Jiménez Cazales, durante una rueda de prensa con medios de comunicación.
El funcionario explicó que el municipio tiene la obligación constitucional de garantizar servicios básicos como la recolección de basura, el alumbrado público, la obra pública y diversos programas sociales, lo que implica enfrentar una carga financiera creciente. En este contexto, subrayó que el ajuste al predial es una decisión responsable para mantener la calidad de los servicios y asegurar la operación del gobierno municipal.
Uno de los principales factores que presionan las finanzas es el incremento acumulado del salario mínimo, que en los últimos cuatro años ha sido del 74 por ciento. Este aumento impacta directamente en los costos laborales del Ayuntamiento, así como en las prestaciones que se pagan al Instituto Mexicano del Seguro Social. A ello se suma el crecimiento de la ciudad y el aumento en la demanda de servicios.
En el caso de la recolección de basura, Jiménez Cazales detalló que el contrato vigente, firmado hace 13 años, establece una fórmula de pago basada en salarios mínimos, ya que en ese momento no existía la UMA. Como resultado, el costo del servicio se ha incrementado de manera considerable. En 2022, el municipio pagó 166 millones 643 mil pesos por este concepto, mientras que para 2026 el monto ascenderá a 326 millones 641 mil pesos, prácticamente el doble en cuatro años.
Aclaró que el servicio se mantiene bien evaluado por la ciudadanía y que no se puede reducir su calidad ni suspenderlo, por lo que el Ayuntamiento ya trabaja con la empresa concesionaria para renegociar la licitación y buscar una disminución en los costos, sin afectar la operación.
Respecto al predial, el director de Finanzas enfatizó que no se están modificando los valores catastrales de las propiedades. Explicó que cerca del 85 por ciento de las claves catastrales se encuentran hasta 70 por ciento por debajo de su valor comercial, situación que no ha cambiado. Lo que se actualizó es la forma de cálculo del impuesto, que pasó de una tasa fija a una tabla basada en percentiles, con rangos que van del 2 al 3.9 por ciento, de acuerdo con el valor catastral.
Este cambio, dijo, responde a los principios de equidad y proporcionalidad que deben regir todo impuesto. Anteriormente, todas las propiedades pagaban la misma tasa, sin importar su valor, lo que incluso llevó al municipio a perder amparos por falta de proporcionalidad. Con el nuevo esquema, quienes tienen propiedades de mayor valor contribuyen más, mientras que la mayoría enfrenta ajustes mínimos.
Jiménez Cazales señaló que la ley establece que no puede haber incrementos mayores al 100 por ciento. En los casos donde se reportan aumentos elevados, generalmente se debe a adeudos de años anteriores, rezagos o movimientos recientes en la clave catastral, como traslados de dominio. Por ello, llamó a la ciudadanía a revisar su situación particular antes de asumir que se trata de un aumento generalizado.
Como ejemplo, explicó el caso de un contribuyente que pagó 346 pesos el año pasado y ahora debía alrededor de 3 mil pesos, debido a que solo había cubierto un bimestre tras un traslado de dominio. Al hacer el cálculo completo, el monto correspondía a los bimestres pendientes y no a un incremento desproporcionado.
En términos de recaudación, informó que antes de la primera quincena de enero cerca de 45 mil contribuyentes ya habían cumplido con el pago del predial, una cifra similar a la de años anteriores. La recaudación actual es aproximadamente 10 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado. Para 2025, el ingreso por predial fue de 370 millones de pesos, mientras que para 2026 se proyectan 500 millones, una diferencia de 130 millones.
Estos recursos, explicó, no representan un excedente libre, sino que forman parte de un presupuesto comprometido para sostener servicios, obra pública y programas sociales. Entre ellos destacan el presupuesto participativo, con 100 millones de pesos para 47 obras, proyectos de pavimentación, infraestructura hidráulica, sustitución de tuberías antiguas, ampliaciones viales y la operación de clínicas municipales de salud.
Finalmente, el funcionario reiteró que el Ayuntamiento mantiene una política de puertas abiertas y puso a disposición de la ciudadanía el número 072, el WhatsApp 618 158 1853 y la plataforma pagos.municipiodurango.gob.mx para revisar el estado de cuenta y aclarar cualquier duda. Insistió en la importancia de informarse directamente en los canales oficiales y no dejarse llevar por rumores o desinformación.
