El Congreso del Estado aprobó una reforma integral al Código Penal de Durango para homologarlo con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, lo que coloca a la entidad entre las primeras del país en actualizar su marco jurídico frente a una de las conductas delictivas que más afectan a las familias y a la actividad económica.

La modificación, resultado de tres iniciativas analizadas por la Comisión de Justicia, responde a una necesidad urgente a nivel nacional: fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar un delito que impacta directamente en hogares, negocios y comunidades.

Con esta actualización, Durango avanza hacia un sistema penal más robusto y moderno, alineado a las transformaciones tecnológicas y a las nuevas formas de operación de la delincuencia. La reforma refuerza la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y dota de herramientas más eficaces para investigar, perseguir y sancionar las distintas modalidades de extorsión, incluidas aquellas cometidas mediante llamadas, mensajes, redes sociales o engaños digitales.

El Congreso destacó que la prioridad de estas adecuaciones es proteger a las familias y garantizar un entorno más seguro, sobre todo frente a un delito que la mayoría de las veces no se denuncia. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, más del 96% de los casos de extorsión en México no se reportan por temor a represalias o falta de confianza en las instituciones.

Las reformas permitirán ofrecer mayor certidumbre a las víctimas, atender modalidades cada vez más sofisticadas de violencia patrimonial y económica, y consolidar un marco jurídico acorde con los desafíos actuales del país.

El Congreso del Estado sostuvo que esta reforma representa un paso firme hacia la construcción de un entorno más seguro y un marco penal capaz de responder a las nuevas amenazas que enfrenta la sociedad duranguense.

Por: Antonio Gaytán