Por: Karla Tinoco

Durante el pasado proceso electoral México también atravesó por una de las elecciones más violentas en su historia, con 34 candidaturas sepultadas, desapariciones, secuestros y amenazas, vale la pena preguntarnos: ¿cuál fue el costo de la democracia?

Esta vez no nos referimos a un tema económico destinado a la organización de la elección, sino al desafío que representó ser electos para un cargo de elección popular en un país como México, donde los grupos delincuenciales buscan mantener un control o presencia de sus actividades ilícitas.

Gobernanza criminal

El financiamiento a campañas, imposición de candidaturas, movilización o inhibición del voto, alteración de la votación en casillas, aunado a diversos actos de violencia forman parte de un proceso de gobernanza criminal en el que los grupos delincuenciales buscan influir.

“Los grupos criminales someten principalmente a los gobiernos municipales para construir su autoridad, ya que de este modo acceden a recursos valiosos para: operar con plena impunidad, diversificar sus actividades, así como para neutralizar a sus rivales”, indica el estudio de Integralia.

Es importante señalar que la violencia político-electoral se concentra en el ámbito municipal por varias causas: pugna por territorios y rutas de trasiego de la droga, distancia y el abandono en el que se encuentran algunos alcaldes.

Esas redes de apoyo que benefician a la corrupción, son las que impiden una plena efectividad de los derechos político-electorales porque manipulan las decisiones públicas que perjudican la seguridad y el desarrollo de México.

Sobre ello, el magistrado electoral del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, advierte lo siguiente: “Hay un intento de los grupos delincuenciales por ejercer algunas maneras de control político en algunos municipios del país”.

Candidaturas apagadas

Mónica Meltis, directora de la organización Data Cívica, recientemente expuso que durante el proceso electoral documentaron más de un centenar de agresiones en contra de las y los candidatos:

“Registramos 131 personas precandidatas y candidatas que sufrieron algún tipo de ataque violento por parte de la delincuencia organizada”.

Aunque Data Cívica registró 34 homicidios en contra de aspirantes, precandidaturas y candidaturas a puestos de elección popular, Notigram también documentó el homicidio de dirigentes partidistas y funcionarios públicos que fueron asesinados, llegando a 39 víctimas mortales.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que no se trata de un conteo cualitativo, sino se trata de un asunto humano:

“Todo esto tiene que ver con un movimiento conservador que no solo se da en México, sino en todo el mundo”.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reconoció que el gobierno de México únicamente de 8 casos de violencia en contra de candidaturas.

“A la fecha, han ocurrido 8 homicidios de candidatos registrados oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales (…) También hubo cuatro lamentables homicidios de precandidatos; es decir, de personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero que no alcanzaron a tener una inscripción oficial”.

La funcionaria federal también aceptó los asesinatos cometidos en contra de aspirantes:

“También hay, lamentablemente, 10 homicidios de personas aspirantes no registradas oficialmente ante sus partidos ni ante el INE, pero que en algún momento fueron mencionados para un cargo o ellos mismos dijeron aspirar a algún cargo de elección popular”.

Previo al 2 de junio el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer por medio del consejero José Martín Faz, que no instalarían 168 casillas en Michoacán, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Morelos y Estado de México, donde se han presentado el mayor número de agresiones.

“El dato que teníamos hasta ayer es de 104 (casillas) que se habían bajado. De estas, 7 fueron por inseguridad, 1 por negativa a instalar una casilla en una zona militar en la Ciudad de México y las 96 (restantes) por conflictos político- sociales”.

Las entidades que presentaron mayor violencia política fueron: Guerrero (7), Chiapas (5), Michoacán (4), Jalisco (3), Guanajuato (2). En tanto que, en Veracruz, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Sinaloa fueron las otras entidades que registraron asesinatos de aspirantes o candidatos.

El costo de la democracia

La participación de los cárteles de la droga en los procesos electorales impacta negativamente en la influencia que puedan asumir en el interior de la toma de decisiones, afectando al desarrollo de la democracia al condicionar los derechos políticos de la ciudadanía.

En el caso de la ciudadanía, la coacción del voto mediante el factor del miedo puede generar dos escenarios: a) que los ciudadanos no salgan a emitir su sufragio por temor a ser víctimas de algún atentado o agresión durante la jornada electoral, o b) lo emitan obligados para favorecer a ciertos perfiles.

El costo de la democracia en este proceso electoral se dimensiona la fractura de un sistema que, a pesar del blindaje de seguridad, no ha sido suficiente para frenar la violencia política.