El martes 18 de abril se dio a conocer en la Gaceta Legislativa la propuesta que se envió a la Cámara de Diputados para desaparecer 16 órganos desconcentrados, entre ellos, la secretaría ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como (Sipinna) y se incorporaría a la unidad administrativa del sistema nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
En relación al tema, Francisco Javier González Martínez, secretario ejecutivo del Sipinna, consideró que este decreto es un retroceso en lo que se ha construido en todo el mundo y donde se puede tener visibilizados a los niños, niñas y adolescentes y crear áreas específicas para su bienestar.
Expresó que es muy lamentable este retroceso que se plantea por parte del Gobierno federal, aún y cuando se suscribió un compromiso de fortalecer este sistema de Sipinna y lo triste ahora es que lo quiera desmantelar y que pierda fuerza en tan importante labor como lo es la de defender los derechos de los menores de edad.
De igual manera, la licenciada Aidee Maricarmen González Alvarado, subprocuradora de Atención a Grupos Vulnerables de la Procuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en el DIF Estatal, mencionó que como funcionarios públicos, su responsabilidad es llevar a cabo lo que las leyes les indiquen hacer y se debe analizar la factibilidad o no para que las responsabilidades de Sipinna pasen al sistema DIF.
Dijo que se deben revisar absolutamente todos los términos de la iniciativa de reforma y en cada uno de los estados de la República se deberá valorar la situación tanto de DIF como de Sipinna, pero hasta el momento lo que afectaría esta reforma serían los sistemas nacionales.
Por otra parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) aseguró que “es preocupante que la reciente iniciativa sea absorbida por una institución meramente asistencial como el DIF, ya que no cuenta con las estructuras operativas y técnicas para coordinar la política de estado en materia de niñez”. Asimismo, mencionó que Sipinna fue creado con la finalidad de proteger los derechos de la niñez “mediante la creación de políticas públicas».
Aunque el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes está por cumplir ocho años en funcionamiento, las instancias gubernamentales federales, estatales y municipales que lo conforman continúan sin “institucionalizar” la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, como un componente de su operación diaria.
En el país se tiene un registro de 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes que representan el 30.4 por ciento de la población del país.
Por: Víctor Salas
