La senadora Margarita Valdez (Morena) afirmó que la extorsión es uno de los delitos que más dañan a las familias y sectores productivos de Durango, especialmente en la región Laguna, por lo que llamó a priorizar su atención y reforzar la protección a quienes la padecen diariamente.

Tras su participación en tribuna, la legisladora compartió un mensaje en sus redes sociales donde reiteró su postura: “En tribuna urgí atender el tema de extorsión del cual son víctimas quienes viven en nuestro estado, y en especial me solidaricé con los empresarios y campesinos de La Laguna, mi voto fue a favor del dictamen que aumenta las penas a este delito que lacera a la sociedad”.

Durante la discusión del dictamen, Valdez enfatizó desde tribuna que la extorsión “es un delito con mil rostros, con mil cabezas” y que su combate requiere unidad. Expuso que en Durango afecta a campesinos, comerciantes y pequeños negocios que son presionados o amenazados. “Es increíble lo que sucede hasta con nuestros campesinos, hasta con el que vende afuera de un comercio sus frituras o sus frutas y que es extorsionado”, señaló.

La senadora también describió prácticas que se han normalizado en algunas regiones del estado, como amenazas directas y esquemas coercitivos: “Hay uno que no se mencionó, que se usa y que se le dice allá, o plata o plomo, y tú sabes a lo que te atienes”. Desde el Pleno, expresó su respaldo a las víctimas: “Me sumo a los campesinos, a los empresarios, a los académicos, a todos los ciudadanos duranguenses y de La Laguna que han sido extorsionados y que ya estamos en momento de decir basta”.

Valdez rechazó que estos hechos estén vinculados a Morena y afirmó que el partido no tolera que grupos o sindicatos presionen o intimiden a la población: “En nuestro partido no permitimos que vayan y hasta los ejidatarios sean extorsionados. En La Laguna no estamos de acuerdo en que los sindicatos sean los que estén extorsionando a nuestra gente”.

Su pronunciamiento acompañó la aprobación en el Senado del proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, así como modificaciones a otros cinco ordenamientos federales. La reforma homologa criterios, endurece sanciones y obliga a crear unidades especializadas en las fiscalías. El dictamen incrementa las penas por extorsión a un rango de 15 a 25 años, fija agravantes por el uso de tecnologías electrónicas, sanciona a servidores públicos que omitan denunciar y penaliza el ingreso de dispositivos que faciliten extorsiones desde centros penitenciarios.

Por: Antonio Gaytán