El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad la implementación de un centro de acopio de productos de higiene menstrual, los cuales serán destinados a mujeres privadas de la libertad, como una acción para garantizar su salud y dignidad.

La propuesta fue presentada por la diputada local del PRI, Sughey Torres Rodríguez, quien durante la sesión de la Comisión Permanente señaló que, por muchos años, los temas relacionados con la salud de las mujeres, particularmente la menstruación, han estado rodeados de tabúes sociales y culturales que han limitado su discusión abierta.

La legisladora explicó que la salud menstrual no es un asunto privado ni secundario, sino un tema estructural que impacta directamente en la igualdad, la educación, el trabajo y la dignidad de las mujeres, tal como lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud. Añadió que la falta de acceso a productos de higiene menstrual genera riesgos sanitarios, afectaciones a la salud mental y profundiza las brechas de desigualdad.

Torres Rodríguez enfatizó que estas condiciones se agravan en espacios como los centros penitenciarios, donde las mujeres enfrentan limitaciones estructurales, dependencia de insumos externos y falta de privacidad, lo que vulnera su dignidad durante un proceso fisiológico natural.

Al sumarse al punto de acuerdo, la diputada Delia Enríquez Arriaga manifestó el respaldo de la bancada de la Cuarta Transformación y recordó que en mayo de 2025 se aprobaron reformas a la Ley de Salud del Estado en materia de salud y dignidad menstrual, orientadas a garantizar el acceso a productos de higiene para mujeres privadas de la libertad.

De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario, en Durango existen 3 mil 887 personas privadas de la libertad, de las cuales 252 son mujeres, una cifra que coloca al estado entre los primeros lugares a nivel nacional en tasa de mujeres en reclusión.

En este contexto, se advirtió que la falta de productos de higiene menstrual no solo representa un problema de salud pública, sino una afectación directa a los derechos humanos, la integridad y la dignidad de las mujeres.

El punto de acuerdo establece que el Congreso del Estado definirá la mecánica para la recolección y distribución de los insumos, con la participación del personal legislativo y de la sociedad en general, con el objetivo de que ninguna mujer enfrente su menstruación en condiciones de miedo, vergüenza o riesgo.