Por: Felipe Correa

El IDAIP y sus últimas personas comisionadas se despiden bajo una sombra opaca. Irónico, pero cierto: una institución que se va sin poder defenderse y sin que nadie estuviera realmente dispuesto a defender su permanencia.

El IDAIP deja más dudas que certezas. Contrario a lo que podría esperarse, las designaciones realizadas en los últimos años estuvieron marcadas por tintes políticos. Su actuación se centró en la realización de eventos —en ocasiones exagerados— que no lograron reflejar un rumbo claro ni una visión institucional definida.

A pesar de ello, gran parte de su personal operativo —por no decir la totalidad— está integrado por ciudadanas y ciudadanos que, en el mejor de los casos, deberían ser “rescatados”, pues su conocimiento y experiencia los convierten en servidoras y servidores públicos competentes y con un alto grado de eficiencia.

Se va el IDAIP; los derechos, no. Estos siguen vigentes, aunque ahora bajo una forma distinta, con más dudas que certezas. Sin embargo, permanecen, y eso es algo que al menos debe reconocerse. A pocos días de que concluya este proceso, puede afirmarse que el IDAIP, en sus últimos meses, no actuó como una institución en vías de desaparecer; fue, en el mejor de los casos, una organización que decidió permanecer en las sombras mientras esperaba lo inevitable.

El caso del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (INEVAP) es distinto. Sus beneficios no fueron adaptados a los tiempos actuales, ni se valoró plenamente la forma en que desempeñaba sus labores. Desafortunadamente, sus investigaciones y la información que generaba parecieron no ser consideradas en la toma de decisiones de los gobiernos ni de las instituciones públicas.

Con la conclusión del ciclo del INEVAP, se pierden también los análisis de proyectos estratégicos, se limita la evaluación objetiva de las políticas públicas y se deja un vacío que será difícil de llenar.

La desaparición de estos organismos descentralizados obliga a una reflexión profunda: cómo, para qué y de qué manera pueden potenciarse los derechos de la ciudadanía. Es momento de pensar en la creación de nuevas instituciones, o al menos de herramientas eficaces, que permitan obtener más y mejores resultados en la administración pública del Estado de Durango.