Con la presentación de la Agenda Institucional en el Congreso del Estado, los diferentes grupos parlamentarios mandaron una señal interesante, aunque todavía puede considerarse insuficiente. En un entorno político donde las desavenencias y las posiciones antípodas suelen ser más rentables que la construcción de acuerdos, no puede leerse tan solo como un acto protocolario ni como un ejercicio de narrativa política bien cuidada; se trata de darle orden al trabajo legislativo bajo criterios de coordinación real. En este caso, el anuncio no es lo relevante, sino la viabilidad de lo que ahí quedó plasmado.

Hay que reconocerlo sin ambages, alcanzar acuerdos en un Congreso plural no es un tema sencillo, pero tampoco es suficiente. La política en México ha normalizado agendas que terminan rebasadas por la coyuntura o por intereses de corto plazo, como pueden ser los próximos procesos electorales. Por eso, más allá del documento, el análisis debe centrarse en la conducción política que lo hizo posible y, sobre todo, en la que será necesaria para sostenerlo. En ese punto, el papel de Ernesto Alanís Herrera, como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO), resulta determinante. No solo por el cargo, sino por la operación política que implica articular a fuerzas con incentivos distintos. La política legislativa se construye sobre negociación, control de tensiones y capacidad de administrar diferencias sin romper el equilibrio. Hasta ahora, Alanís ha logrado sentar esas bases.

Su planteamiento, poner a las familias de Durango en el centro, evitar discursos estériles y apostar por resultados, es correcto en términos discursivos, pero enfrenta una prueba más compleja en la práctica. La verdadera evaluación llegará cuando aparezcan los temas incómodos, donde las decisiones impliquen costos y definiciones claras.

En paralelo, el posicionamiento de Sandra Amaya Rosales introduce un elemento relevante. Desde MORENA, deja claro que cuando se pone al pueblo en el centro, las diferencias pueden convertirse en oportunidad. Más allá de la frase, hay un reconocimiento implícito de que el conflicto permanente tiene límites y que la ciudadanía exige resultados palpables. Amaya también coloca sobre la mesa temas que no pueden diluirse: bienestar social, derechos, vivienda y justicia. No son conceptos menores ni fácilmente procesables. Implican decisiones de fondo, prioridades claras y voluntad para asumir costos. Ahí es donde muchas agendas pierden consistencia, cuando pasan del planteamiento general a la definición concreta.

Por otro lado, la construcción de la mayoría parlamentaria encabezada por Alejandro Mojica Narváez cordinador de los diputados del PAN, debe analizarse sin triunfalismos, pero también con precisión. La coalición entre PAN y PRI, bajo el esquema de una alianza electoral que ha tenido continuidad en el ámbito legislativo, no solo cumple la función de dar estabilidad y viabilidad a los acuerdos, también refleja una operación política efectiva que ha permitido ordenar el trabajo del Congreso. En un escenario fragmentado, esa mayoría no surge por inercia, se construye y se sostiene. Se ha logrado consolidar, con los diputados del PRI y PAN, una mayoría funcional que no solo facilita la aprobación de acuerdos, sino que ha evitado que el Congreso caiga en parálisis. Esa conducción implica equilibrio, disciplina interna y, al mismo tiempo, apertura para que los acuerdos no se perciban como imposición. Ahí radica uno de los puntos finos de este momento legislativo. Porque cuando existe mayoría, disminuyen los pretextos. La capacidad de construir acuerdos ya no depende solo de la negociación externa, sino del uso que se haga de esa ventaja. Las mayorías pueden facilitar la gobernabilidad legislativa o convertirse en mecanismos de imposición. La diferencia está en cómo se ejerzan y, hasta ahora, se ha optado por una ruta que privilegia el entendimiento.

En este entramado también aparece la figura de Héctor Vela Valenzuela, quien desde el Ejecutivo reconoce el trabajo legislativo, pero fija una expectativa clara: los acuerdos deben traducirse en resultados. Su llamado a pasar de la construcción política a la acción concreta es, en el fondo, el punto crítico, pero toral, de toda esta agenda. El acompañamiento del Ejecutivo, con respeto a la división de poderes, puede ser un factor de estabilidad, pero también implica que la coordinación deberá sostenerse incluso cuando existan diferencias. La forma en que se procesen definirá el alcance verdadero de esta agenda.

Al final, lo que hoy se presenta como un ejercicio de unidad debe medirse por su eficacia, por sus resultados finales, y no solo por su narrativa. Se logró construir un acuerdo, y eso es positivo en un entorno donde el desacuerdo suele imponerse, pero sería un error sobredimensionarlo. Durango no solo necesita ejercicios de buena voluntad, también necesita resultados consistentes. Esta Agenda Institucional abre una posibilidad real. Hay condiciones para pensar que puede traducirse en resultados si se mantiene la conducción y el equilibrio que hoy la sostienen. Pero esa expectativa no es un cheque en blanco, tendrá que confirmarse con hechos, con continuidad y con la capacidad de sostener los acuerdos cuando el entorno deje de ser favorable.