Por: Eduardo Ortega Solano

Desde el martes 20 de agosto, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el anteproyecto que se discutiría un día después en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del propio instituto, el cual plantea que la distribución de curules y escaños sea por partido y no por coalición, tal como lo pide el bloque opositor. El viernes que se llevaría a cabo la votación entre los 11 consejeros era prácticamente un trámite que se aprobara la mayoría calificada para Morena y sus aliados, pues no existían argumentos sólidos para realizarlo de una manera diferente. Fue de esta forma que la votación quedó 7 a 4 a favor de otorgar a Morena y aliados mayoría calificada en San Lázaro con 364 curules, mientras que en el Senado la coalición oficialista obtiene 83 escaños, quedando a tan solo tres de obtener la supermayoría.

El inicio de la discusión está situado en el artículo 54 de la Constitución: “IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios”; “V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”. La Constitución se debe aplicar y es muy clara al hablar de partidos y no de coaliciones, sin embargo, existe una vertiente que afirma que esta se debe interpretar para su adecuada implementación y poder entender términos generales o muy ambiguos, por eso las controversias constitucionales que dirime la Suprema Corte.

El argumento de la oposición a la Cuarta Transformación es que “el espíritu del legislador” es que Morena y sus aliados deben ser tratados como un solo partido y no como tres institutos diferentes, por lo que al asignarse 364 diputados tendrían 64 de forma ilegítima, además que la sobre representación permitida en la Ley corresponde al 8% y al multiplicarlo por tres tendrían el 24% de sobre representación, sin embargo, fuera de este trabuco, no se ve una premisa en la Constitución  que sostenga que las coaliciones deban ser tratadas como un “partidote”. El pasado domingo 2 de junio votamos por un partido, los logotipos venían de forma individual y no juntos. En la parte trasera de la boleta aparecía el nombre de los plurinominales por partido. Incluso, un argumento recurrente de Fuerza y Corazón por México era que las huestes y simpatizantes de cada partido podían apoyar con su voto a los resultados de su partido y no beneficiar a sus aliados, otrora adversarios.

La oposición a la Cuarta Transformación pudiera tener cierta razón, sin embargo, “quien hace la Ley hace la trampa”. Y la Ley está hecha para beneficiar a la mayoría que en ese momento ostentaba el PRI, el PAN y el PRD, ellos hicieron la Ley y hoy son víctimas de sus propios estratagemas. Esta es la forma en que se han repartido las plurinominales en las últimas seis renovaciones de la Cámara de Diputados. La oposición está obligada a patalear, sin embargo, que se sumen a estos argumentos personas como Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, José Woldenberg, resulta patético, pues es la forma en que ellos hicieron el reparto cuando fueron consejeros electorales.

Durante 70 años, el PRI contó con mayoría calificada, esta se perdió en las elecciones intermedias del Gobierno de Zedillo, Fox y Calderón nunca la lograron, sin embargo, Peña Nieto la construyó a billetazos por medio del “Pacto por México”. También López Obrador tuvo la mayoría calificada con la trásfuga de legisladores, principalmente del PRD a la Cuarta Transformación. En el caso de Claudia Sheinbaum, es la más legítima, es emanada de las urnas. Fuera de cualquier interpretación legal a favor o en contra, se deben tomar en cuenta los 36 millones de votos, el 60% de la votación total, el triunfo de Claudia en 31 de las 32 entidades de la República y, sobre todo, el triunfo de Morena y sus aliados en 256 de 300 distritos electorales, es decir, un 85%, ¿no está muy clara la voluntad del votante?