Por: Eduardo Ortega Solano

Las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), conocidas a la postre como “Ley Televisa”, fueron aprobadas en la Cámara Baja en 2006 en fast track, en tan solo siete minutos, siendo posteriormente ratificadas por el Senado sin lectura previa y sin cambiarle ni una coma. Dicha ley, entre otras cosas, desreguló el espectro digital en beneficio del duopolio formado por Televisa y TV Azteca, pues inhibió la competencia al conceder, de forma permanente y libre de todo cargo, la utilización de un bien público. Surgió en el entorno preelectoral de 2006, permitiendo difundir publicidad y desinformación electoral, sin supervisión ni control.

Sobre esta reforma, algunos senadores promovieron ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad. Incluso, senadores como Pablo Gómez, Santiago Creel, entre otros, afirmaron haber aprobado la reforma bajo presión. La Corte pudo enderezar algo de lo torcido al declarar inconstitucionales seis de los artículos, quitando algunos de los privilegios recién otorgados a los concesionarios. Si bien es cierto que la mayoría de los cambios generados con esta “vergonzante ley” no pudieron acotarse, quedó en evidencia su fin favorecedor a las oligarquías y su origen ilegítimo. Con el paso del tiempo y con voluntad, los legisladores han podido corregir la plana y deshacer entuertos.

En el intento de corregir una de las leyes modificadas en 2006, hace una década se eliminó la norma que prohibía a países extranjeros difundir contenidos en México, pues hablaba de tiempos de guerra. Se suprimió en lugar de conservarse con su sentido original, lo que ocasionó un vacío legal: una laguna que permitió al gobierno de Donald Trump contratar una “campaña antiinmigrante” en Televisa, con spots a todas luces xenófobos y discriminatorios, además de atentar contra la dignidad humana. El spot decía: “Si está considerando venir a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo piense. Déjenme ser clara: si viene a nuestro país y viola nuestras leyes, lo cazaremos. Los criminales no son bienvenidos”. Es denigrante el trato que dan a nuestros connacionales, pero es aún más absurdo, irracional y patético que estos spots se transmitieran en la televisión nacional: a medio partido de fútbol, en programas de revista, en La Rosa de Guadalupe y hasta en la cobertura de la muerte del Papa. Al propio Emilio Azcárraga, de Televisa, se le pidió bajar el comercial, pero se defendió argumentando que no había nada en la ley que impidiera la contratación de esos espacios.

Con la intención de subsanar esos rescoldos del pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un proyecto de Ley Telecom, un proyecto que da apertura y beneficio a las mayorías. Sin embargo, la falta de definición de las causas para que el Gobierno “bloquee” las plataformas digitales genera controversia: tierra fértil para que la oposición hable de autoritarismo, a pesar de que la presidenta expresó que llegar al extremo del bloqueo únicamente procedería por asuntos de seguridad nacional, falta de pago de impuestos por parte de la plataforma o violación de otras leyes. En todo caso, señaló que la ATDT avisaría previamente de la decisión a la compañía en cuestión. “Pero no tiene nada que ver con el contenido de las plataformas”, aclaró.

En la conferencia mañanera del pasado viernes, Sheinbaum Pardo insistió en que no se busca callar a nadie ni tiene que ver con autoritarismo, “sino con recuperar atribuciones”. Dijo que podría modificarse la redacción o incluso quitarse el artículo referente a las plataformas digitales. Con esto se le cae a Ricardo Anaya y sus esbirros la intención de convertirse en paladines de la libertad de expresión. Mientras tengan más mentiras que propuestas, seguirán moralmente derrotados.