Por: Eduardo Ortega

Tim Golden, exreportero de The New York Times, aseguró en su más reciente artículo que la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, por medio de dos de sus agentes, habría elaborado una lista de 35 servidores públicos actuales y de la anterior administración a quienes vinculan con el narcotráfico. Esto, presuntamente, como una represalia porque el expresidente Andrés Manuel López Obrador puso freno a las operaciones prácticamente ilimitadas que realizaban agencias estadounidenses en territorio nacional.

Me parece poco probable que esta lista carezca totalmente de fundamento. La relación entre funcionarios de distintos niveles, miembros de la clase política y narcotraficantes es una añeja perogrullada. Nadie en su sano juicio, o con una exacerbada ingenuidad, podría afirmar lo contrario.

Recordábamos en un artículo anterior la relación de Rubén Zuno Arce, político y cuñado del expresidente Luis Echeverría, con el Cártel de Guadalajara. Aquello provocó que terminara preso y que, después de 32 años de reclusión, muriera en una prisión de Florida a los 82 años, en septiembre de 2012. Esto ocurrió hace más de medio siglo y escandalizó por la relevancia del personaje; sin embargo, no tengo duda de que esta simbiosis criminal no fue el inicio ni tampoco un caso aislado.

Por supuesto que hoy la atención está centrada en Rubén Rocha Moya, a pesar de que los señalamientos en su contra existen desde 2021. También Adán Augusto López Hernández sigue en el ojo del huracán por su relación con Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de “La Barredora”. De igual forma se menciona a Marina del Pilar Ávila, quien ya no cuenta con visa estadounidense, y eso solo por mencionar a algunos distinguidos morenistas.

Pero tampoco pueden desestimarse otros personajes. Servando Gómez “La Tuta”, buscando convertirse en testigo protegido, declaró que Luisa María “Cocoa” Calderón, hermana de Felipe Calderón, solicitó apoyo criminal para llegar a la gubernatura de Michoacán. Y qué se puede decir de García Luna que no se haya dicho ya. La lista es larga: Mario Villanueva, Tomás Yarrington y Roberto Sandoval.

Se asegura desde hace años que no se puede gobernar Sinaloa sin la venia del narcotráfico; por eso aparecen nombres como Mario López Valdez, Antonio Toledo Corro y Francisco Labastida Ochoa, quien terminó con varios de sus funcionarios extraditados. Incluso pueden señalarse figuras menos encumbradas, como la exdiputada panista Lucero Sánchez López, destituida tras descubrirse su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien presuntamente impulsó su carrera política.

Es cierto que la mayoría de políticos y funcionarios hoy señalados pertenecen a MORENA, pero también es cierto que hoy son mayoría en el poder. ¿Quién podría asegurar que la posible vinculación de Adán Augusto no inició cuando militaba en el PRI? ¿O que la de Marina del Pilar no comenzó cuando militaba en el PAN? La infiltración narco-política no es exclusiva de un partido; en mayor o menor medida hizo metástasis en todos.

Pero no existe un “narco partido” o un “narco gobierno”; existen políticos y funcionarios coludidos con el narcotráfico. Generalizar y hablar de un narco gobierno porque hay funcionarios involucrados es perverso y falaz; sería como generalizar la pederastia en la Iglesia por los abusos de Marcial Maciel.

Sin embargo, el origen del problema del narcotráfico, de los muertos y desaparecidos, dista mucho de haberse originado en México. La causa principal está en Estados Unidos y sus millones de adictos que exigen la droga que consumen, y de la cual, por cierto, nadie explica quién la distribuye dentro de su territorio. La causa también son los millones de armas que venden y que representan un negocio multimillonario; las falsas banderas que justifican invasiones; la violación sistemática de derechos humanos; su doble moral que jura sobre la Biblia mientras se arroga el papel de juez y policía del mundo; su complejo de supremacía blanca y, también, la corrupción de mexicanos que terminan pidiendo ayuda extranjera para obtener ventaja política, provocando que sean percibidos como apátridas. Esto último, particularmente entre dirigentes de partidos opositores, ha terminado generándoles todavía más rechazo social.

La situación en México no puede entenderse sin mirar hacia el norte. Porque el narcotráfico no es únicamente un problema de delincuentes; también es consecuencia de intereses políticos, económicos y geopolíticos que durante décadas han convertido la violencia en un negocio binacional.