La acusación por parte de Estados Unidos sobre las relaciones existentes entre la clase política y el crimen organizado no representa ninguna novedad. En los tiempos de Luis Echeverría fue vox populi el vínculo de Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente, con el llamado “Narco de Narcos”, Rafael Caro Quintero, quien fungía como supuesto enlace entre el gobierno mexicano y el Cártel de Guadalajara. Durante años fue intocable al amparo del poder, aunque a la postre fue detenido por la DEA y condenado a cadena perpetua por su participación en el caso del agente antidrogas Enrique “Kiki” Camarena.

En el pasado reciente, Estados Unidos ha señalado a diversos funcionarios de alto nivel y exgobernadores, entre ellos Silvano Aureoles, Mario Marín, Roberto Sandoval, Tomás Yarrington, Salvador Cienfuegos, Genaro García Luna y Hernán Bermúdez, por mencionar algunos. Sin embargo, la acusación formal presentada el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia en contra del gobernador en funciones Rubén Rocha Moya, así como de otros once funcionarios de Sinaloa, actuales y anteriores, ha generado un verdadero rebambarambo. No solo por la gravedad de los señalamientos, sino por las múltiples lecturas, las narrativas encontradas y, sobre todo, por las motivaciones que pudieron detonar esta acción.

En ese contexto, cabe mencionar que el viernes pasado Rocha Moya solicitó licencia al cargo, por lo que dejó de estar al amparo de la inmunidad procesal, es decir, del fuero. Así lo precisó Arturo Zaldívar al señalar que el fuero protege la función, no a la persona; en consecuencia, al separarse del cargo, deja de ejercerla y puede ser detenido como cualquier ciudadano. Por ello, resulta incorrecto afirmar, como han sostenido algunos medios, que un gobernador o un presidente municipal con licencia conserva dicha protección.

Frente a este escenario, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura clara: verdad, justicia y defensa de la soberanía. Señaló que, si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes conforme a la legislación mexicana, o encuentra elementos de delito en sus propias investigaciones, deberá actuar conforme a derecho y bajo nuestra jurisdicción. También fue enfática al asegurar que no se protegerá a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, advirtió que, de no existir pruebas claras, estas imputaciones tendrían un trasfondo político.

La postura de la presidenta es correcta en términos institucionales. Ningún gobierno puede actuar a partir de señalamientos sin sustento probatorio. Sin pruebas, nadie debería ser procesado. Pero también es inevitable reconocer lo que se respira en la calle, esa percepción extendida de “no tenemos pruebas, pero tampoco dudas”. Sería lamentable que este caso viniera a engrosar la ya abultada lista de políticos que, desde todos los partidos, operan bajo la confianza de un sistema que les brinda impunidad cuando las pruebas no alcanzan, lo cual, en ningún caso, equivale a inocencia.

Es claro que esta investigación no comenzó ayer; probablemente se remonta al proceso electoral en el que Rocha ganó la gubernatura, cuando ya se hablaba de la posible intervención del crimen organizado. Hace más de un año ocurrieron hechos que hoy cobran relevancia. En ese periodo se dio la sustracción de “El Mayo” Zambada del territorio nacional y, prácticamente al mismo tiempo, fue asesinado el exrector Héctor Cuén, adversario político de Rocha, en los Huertos del Pedregal, en Culiacán, lugar donde también fue privado de la libertad el propio Zambada. Según su versión, el día de la “celada” él creía que acudiría a una reunión entre ambos para ayudarlos a limar asperezas. A ello se suma que la Fiscalía de Sinaloa presentó en su momento un video apócrifo en el que se mostraba el asesinato de Cuén en una gasolinera, material que posteriormente fue descartado por la Fiscalía General de la República.

La interrogante de fondo es por qué se da a conocer con tanta premura una investigación que aún no está concluida, y por qué en este momento específico. Coincide, no casualmente, con el contexto en el que la gobernadora de Chihuahua ha sido objeto de acusaciones políticas y legales por presunta traición a la patria, derivadas de una supuesta colaboración de su gobierno con agentes de la CIA sin notificar al gobierno federal. El cruce de tiempos y narrativas abre la puerta a interpretaciones que apuntan a un posible ánimo de protección política, pero también a un conveniente golpeteo con miras al proceso de 2027.

Aprovechar la coyuntura siempre ha sido una herramienta recurrente en la política. Una cortina de humo bien colocada puede cambiar la conversación pública y reconfigurar percepciones. En ese terreno, los dimes y diretes no son casualidades, son causalidades construidas desde intereses que pocas veces son legítimos. En la política mexicana, los señalamientos cruzados no solo buscan exhibir, también suelen funcionar como escudos. Y en no pocas ocasiones, esos dimes y diretes terminan convirtiéndose en el manto protector perfecto para políticos corruptos que, entre acusaciones y contraacusaciones, logran diluir la verdad y evadir la justicia.