Por: Ciria Weyman

Un arancel es un impuesto o tarifa que se aplica a los bienes y servicios que se importan o exportan entre países. Estos instrumentos del comercio internacional pueden ser utilizados para promover la industria local, corregir desequilibrios comerciales o generar ingresos para el gobierno. Sin embargo, también pueden generar tensiones y distorsionar la eficiencia del mercado.

Con todo y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había acordado suspender durante 30 días la imposición de aranceles a México y Canadá después de que ambos países estuvieron de acuerdo en tomar medidas para reforzar su seguridad fronteriza y contra el narcotráfico, esta represalia casi confiscatoria ha recobrado vigencia anunciándose desde la Casa Blanca la inminente entrada en vigor de estos impuestos a la exportación, en el mes de marzo.

Esto disminuirá el crecimiento económico de las tres potencias norteamericanas, causando así inflación y desempleo, además de afectar las remesas y el peso mexicano.

Su implementación será en tres fases:  a partir del 4 de marzo, aplicación de aranceles generales del 25% a México y Canadá; el 12 de marzo el 25% específicamente para el aluminio y el acero mexicano y el 1 de abril entrarían en vigor los aranceles recíprocos universales; estos últimos tendrían más afectación en las economías emergentes.

Recordemos que México es el principal socio comercial de EE.UU. y envía más del 80 % de sus exportaciones al mercado estadounidense, tan solo en 2023 el monto exportado fue de más de 490 mil millones de dólares.

La entrada en vigor de este arancel universal del 25% impactaría la manufactura automotriz y la electrónica que ocupan los primeros lugares en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos con un valor comercial de aproximadamente 200 mil millones de dólares. Casi la mitad de todo lo que vendió nuestra nación a EE.UU.

Estados como California, Texas, Florida y Arizona están fuertemente vinculados a México como destino de sus exportaciones. Aproximadamente 6 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México.

Por lo que el aumento de precios de equipos médicos, autopartes, pantallas, computadoras, refrigeradores, productos farmacéuticos y alimentos provenientes del campo impactaría directamente el bolsillo de ambas naciones.

Entidades como Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Ciudad de México y Jalisco concentran el 78% de las exportaciones del sector maquinas que se van a la nación americana por un monto de 171 mil millones de dólares anuales.

Mientras que el sector del transporte es el segundo gran grupo de productos más exportados a Estados Unidos. El hecho de que estados como Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México coincidan en ser grandes vendedores en los dos rubros confirma la vocación industrial de sus economías.

En cambio, Sinaloa vende principalmente tomates, carne bovina y mariscos; Chiapas exporta café; Colima produce fruta y juntos destinan parte importante de su producción al comercio con ese país.

Otro impuesto va para el acero y el aluminio mexicano. En 2024 Estados Unidos importo más de 26 millones de toneladas de acero siendo sus principales proveedores Canadá, Brasil y México (3.2 millones de toneladas).  Nuestro país es el 15º productor de acero en el mundo, con casi 20 millones de toneladas anuales, sin embargo, el abasto nacional es insuficiente por lo que se cubre con la importación principalmente de Estados Unidos, Corea del Sur y China.

Imponer aranceles al aluminio y acero tendría un impacto muy alto en la propia industria estadounidense. Texas, Illinois, Ohio, que juntos importan 35% del total nacional, podrían ser los más afectados. En el caso de México todas las ramas de la construcción sufrirían el aumento; tan solo el acero llega a representar hasta un 40% del costo en el desarrollo de una vivienda. Impactaría en la industria siderúrgica y automotriz uno de los principales sectores exportadores de México.

Ante este escenario, México debe tomar medidas que fortalezcan el estado de derecho, tomar acciones legales bajo la ley mexicana, la de la OMC, la del tratado con EE. UU y Canadá, haciendo ver que la amenaza del 25% es claramente ilegitima.