POR: JUAN FRANCISCO ARROYO HERRERA
Fíjese bien.  La Ley de Amparo, todavía en el 2008, cuando aún no era sometida a consecutivas intervenciones quirúrgico-legislativas, en su artículo 123 disponía: “Procede la suspensión de oficio: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, de portación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; Cuando se trate del algún otro acto, que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y se decretará de plano en el mismo auto de admisión de la demanda…”
De igual manera, el artículo 124 a la letra disponía: “Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará: Cuando la solicite el agraviado; Cuando no se siga prejuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que si se siguen esos prejuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión”. Y se listan casuísticamente siete incisos; del a al g; entre los que se mencionan: que se continúa el funcionamiento de centros de vicio, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos.
Hasta aquí todo está bien. Pero en materia fiscal es más complicada la concesión, porque generalmente los jueces piden que para garantizar el crédito fiscal reclamado, se deposite como garantía el importe del mismo, lo que en casos prácticos, sobre todo a pequeños empresarios, les resulta nugatorio ese beneficio. Excepto… grandes empresarios, influyentes o gentes cercanas al Poder Judicial, que se las ingeniaban para que les fuese concedido ese beneficio. El caso más emblemático es el de Ricardo Salinas Pliego, que de manera contumaz se niega terminantemente a cubrir sus obligaciones tributarias.
¿Qué la Reforma judicial, tuvo implicaciones políticas?; Seguramente sí, pero combinadas, particularmente con cuestiones fiscales. Otra vez, fíjese bien: Dicho por el ex gobernador Rubén Moreira, que dejó temblando el erario coahuilense por las trácalas en su administración. Resulta que el plurinominal, dio a conocer que actualmente existen impagados billones de pesos en juicios que están durmiendo el sueño de los justos y no han podido ser rescatados por el SAT;  y que la medida es recaudatoria. ¡Claro que no!, sencillamente se tiende a que los contribuyentes socarrones, malapaga, huidizos, matreros, se detenga a dar cumplimiento a ese compromiso constitucional.
La argucia de los potentados era que cuando el Sistema de Administración Tributaria se apersonaba en los domicilios de los deudores, se les hacía entrega de una determinación consistente en la cantidad pendiente de liquidar y se les conminaba para acudir a las autoridades hacendarias. Lejos de hacerlo, sus despachos corrían a presentar los amparos, en los que se les concedía la suspensión condicional, que es como su nombre lo indica, detener el procedimiento hasta que la autoridad rindiera sus informes. Pero en ese inter, los amparistas vaciaban sus cuentas para no pagar. Y es que el texto anterior se prestaba a interpretaciones “a modo”, puesto que en los demás casos los jueces, que no estaban apalabrados, no concedían la medida cautelar.
Así pues, en el nuevo texto, terminantemente, se dice que la suspensión no procederá, cuando se trate de créditos a favor del fisco. Por tanto, quedará expedita la vía para embargar las cuentas y solventar la cantidad reclamada. Como quedó dicho, tal medida ya la contemplaba la ley, solo que ahora está especificada con mayor claridad. Por lo demás, la ley sigue exactamente como estaba. Ni se van a suspender garantías individuales, ni va a desaparecer la propiedad privada y son rumores que se encargaron de dispersar las televisoras y medios al servicio de los acaudalados.