Por: Margarita Valdez

Tras el lamentable asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, algunos actores de oposición han querido sacar raja política del trágico hecho, confundiendo la situación de violencia con las disputas políticas y económicas de las diferentes regiones de nuestro país. Sin embargo, basta recordar, sin justificar que dichos actos han sido parte de prácticas políticas muy reprobables de la historia de México.

Reitero que son eventos condenables y reprobables las muertes en esta forma de cualquier ciudadano, incluyendo funcionarios públicos o quienes se dediquen a la política. Siempre se ha exigido justicia y el esclarecimiento de estos crímenes, pero también cabe recordar que fue en los gobiernos del Partido Acción Nacional a nivel federal y del Revolucionario Institucional en lo estatal, cuando se incrementó el número de ediles asesinados en Durango y en otras partes del país. En el caso de nuestro estado, entre 2006 y 2018 fueron victimados 7 presidentes municipales:  los de Mezquital, Otáez, Ocampo, Topia, Tepehuanes, San Juan del Río y de San Dimas (cuando este era candidato a alcalde), además del exalcalde de Canelas.

Estas son sólo algunas de las escenas de violencia provocadas por la declaración de la Guerra contra el narco hecha por Felipe Calderón y seguida por Enrique Peña Nieto, que ha colocado en vulnerabilidad a los presidentes municipales y que ahora los prianistas quieren endosarle exclusivamente a Morena.

Lo ocurrido en los últimos 20 años en nuestra entidad da cuenta de que abatir la violencia y el uso de menores de edad como sicarios, es un problema que se enquistó en nuestra sociedad y que desde hace siete años combatimos atacando las causas que generan violencia mejorando las condiciones de vida para las y los ciudadanos.

Desde el Senado hemos acompañado el marco jurídico para una mejor estrategia de seguridad pública. Seguiremos coadyuvando con las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, brindándole el apoyo para que el Plan Michoacán resulte exitoso, así como el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. De la misma forma hemos exigido a través de diferentes medios el frenar la venta y el tráfico de armas desde Estados Unidos a México.

Reiteramos nuestra convicción de no alimentar los conflictos sociales con violencia, los cuales en el fondo alientan círculos viciosos que sólo fortalecen a grupos económicos ajenos a un Estado de bienestar.