Por: Emmanuel Salazar

Los gobiernos municipales emanados de Morena han dejado un amargo sabor de boca en Tlahualilo, Nazas y Cuencamé, en donde las alcaldesas que están al frente de dichos municipios han dejado mucho que desear por su toma de decisiones.

En el caso de Nazas, la alcaldesa Diana González tiene sus horas contadas, pues la Fiscalía Anticorrupción solicitó el juicio político contra la presidente municipal para lograr quitarle el fuero y poderla procesar por haber realizado pagos irregulares por casi un millón de pesos.

González le pagó a una empresa ferretera en la que aparece como dueña la esposa del hermano de la alcaldesa, por lo que en su oportunidad en juicio abreviado hubo una condena mediante la cual se reembolsó casi un millón de pesos.

Como en ese caso se aceptó la anomalía, a grado tal de que se tuvo que reembolsar el recurso, se espera que la Fiscalía Anticorrupción pueda proceder finalmente en contra de la alcaldesa.

En Tlahualilo, ocurre que la alcaldesa Judith Rodríguez Olivares funge prácticamente como una “juanita”, en donde quien realmente gobierna es Juan Carlos Cazares Sandoval, quien tiene nombramiento de secretario técnico, figura que es inexistente en el organigrama de la presidencia municipal.

Cazares Sandoval tiene a unos cuatro hermanos, seis hijos y una esposa cobrando en la nómina del Municipio de Tlahualilo, en un hecho que, si bien no es delito, porque hay que recordar que el delito de nepotismo fue abrogado por los diputados locales, se puede configurar por supuesto un conflicto de intereses.

En total, Cazares Sandoval tiene a unos 20 familiares cobrando en el Municipio de Tlahualilo, según las estimaciones del diputado Carmelo Fernández.

Otro municipio gobernado por una militante de Morena es Cuencamé, en donde Elizabeth Sotelo simplemente corrió a 300 trabajadores cuando inició su Gobierno en agosto del 2022, esto es hace año y medio, y aunque ya se cumplió la mitad del mandato de la morenista, hasta ahora no ha pagado ninguna liquidación tras el despido que aplicó.

De los 300 trabajadores que inicialmente fueron dados de baja, a la fecha poco más de un centenar mantiene sus demandas ante el Tribunal Burocrático, y la bomba de tiempo del pago de esas liquidaciones seguramente llegará para la siguiente administración municipal que quedará prácticamente hipotecada al tener que pagar liquidaciones de extrabajadores.