Subir el predial… Gobernar o quedar bien.

A nadie nos gusta pagar más impuestos. Menos aún en un país donde, durante años, la percepción ciudadana ha sido que muchas contribuciones no se ven reflejadas en obras ni en servicios públicos de calidad. Esa desconfianza es totalmente fundada y justificada. Sin embargo, no todos los contextos son iguales ni todas las decisiones fiscales responden a la misma lógica. El caso del municipio de Durango exige un análisis serio, lejos de la consigna fácil y de la diatriba que hoy se ha instalado con un claro trasfondo político electoral.

La decisión del alcalde de Durango, Toño Ochoa, de actualizar el impuesto predial no fue sencilla ni popular, pero sí necesaria. Gobernar una ciudad que ya rebasa los 700 mil habitantes implica una presión constante sobre servicios públicos como alumbrado, recolección de basura, pavimentación y mantenimiento urbano, además de nuevas demandas sociales en salud, recreación y movilidad. Pretender atender esa realidad con ingresos prácticamente congelados durante décadas no solo es insostenible, es una irresponsabilidad administrativa y, peor aún, es anteponer aspiraciones personales antes que hacer un buen gobierno.

Como era previsible, el tema se convirtió en un flanco de ataque. Detractores, adversarios y opositores, que a todas luces ven en Toño Ochoa al enemigo a vencer rumbo al 2028, encontraron en el incremento al predial la oportunidad perfecta para intentar disminuir su aceptación. Basta recordar que su gestión fue refrendada al convertirse en el primer alcalde reelecto de Durango, además de mostrar fortaleza electoral en el proceso pasado, al ganar con una diferencia de más de 40 mil 339 votos al segundo lugar y obtener más del doble de sufragios que el candidato de Morena, a quien relegó al tercer sitio. Para sus adversarios, entonces, lo importante no es el fondo, sino construir una narrativa de desgaste.

De esta forma se ha generado una diatriba basada en desinformación y mala intención. Se ha insistido en que el incremento será “al doble”, algo falso de toda falsedad. Salvo casos muy aislados, generalmente de quienes durante años recurrieron a alguna estratagema para no pagar lo que correspondía, el ajuste es mínimo y proporcional. Ahora que deberán contribuir de manera justa, no los calienta ni el sol. Los datos desmienten el discurso alarmista. Una vivienda en Jardines de Cancún, con un valor catastral de 450 mil pesos, pagaba 800 pesos en 2025 y hoy deberá pagar 820 pesos al aprovechar el descuento del 20 por ciento. Difícilmente puede hablarse de un golpe a la economía familiar. Lo que sí queda claro es el intento deliberado de confundir y politizar una medida técnica.

Esta actualización responde, además, a un contexto nacional complicado. Hoy la Federación exige a estados y municipios fortalecer sus ingresos propios para acceder a mayores participaciones. Ya no existen fondos extraordinarios, fideicomisos ni programas de rescate financiero. Los municipios dependen del Ramo 28 y del Ramo 33, cuyos montos varían cada año, mientras los costos operativos se han disparado. El salario mínimo, por ejemplo, pasó de 88 pesos en 2018 a más de 315 pesos en 2026, impactando contratos como el servicio de limpia, que hoy cuesta más del doble que hace una década.

Pese a ello, el Gobierno Municipal ha hecho esfuerzos visibles por apretarse el cinturón, reduciendo gasto corriente, nómina y combustibles. El ajuste al predial no busca tapar huecos, sino sostener y ampliar proyectos que ya muestran resultados, como la pavimentación de cientos de calles, la ampliación del Parque Lineal, la creación del Parque de la Vida en el antiguo basurero municipal, el fortalecimiento del equipamiento de bomberos y la consolidación de programas sociales y de salud.

Lo que viene para 2026 no es menor. Se contempla una inversión importante en infraestructura vial, más de 300 calles pavimentadas, un presupuesto participativo de 100 millones de pesos decidido por la ciudadanía, la segunda etapa del Parque Lineal con espacios culturales y deportivos, nuevas clínicas del Seguro Familiar y proyectos ambientales de largo plazo. A ello se suma la continuidad del Hospital del Niño 460, que ya ha otorgado más de 180 mil servicios, programas como Apapacho, comedores comunitarios, vivienda digna y acciones para fortalecer el desarrollo económico local.

Un dato clave no debe pasar desapercibido. La mayoría de los regidores, incluidos los de oposición, respaldaron la actualización del predial. Cuando actores políticos con intereses distintos coinciden, es porque reconocen que la decisión es necesaria. Aquí no hubo ocurrencias, hubo diagnóstico. Gobernar no es complacer, es decidir. Y en Durango, más allá del ruido político, los hechos muestran que el incremento al predial tiene sentido público y resultados visibles.