Por: Antonio Gaytán

La medida de prevención “Quédate en Casa” para evitar la propagación del COVID-19 ha triplicado la violencia en contra de niñas y niños, aislamiento que incluso ha vulnerado su derecho de convivencia con papá y mamá en el caso de padres divorciados, manifestado el secretario académico de la Barra de Abogados de Durango, Carlos Alberto Lerma Burciaga.

“El derecho de convivencia no se suspende por una pandemia, al contrario, es un derecho que pueden ejercer ambos progenitores”, puntualizó.

La violencia que sufren los menores de edad dentro del hogar es un acto abusivo del poder dirigido a dominar y controlar de forma física, psicológica, sexual y patrimonial, entre otras.

Desafortunadamente, los abogados consideran que el Poder Judicial no ha hecho absolutamente nada para sancionar la alienación parental y quien se dice su representante (Esteban Calderón) no puede hablar de interés superior del menor porque sus acciones son contrarias, es inadmisible que para un tema tan importante deje guardias, es insuficiente.

Asimismo, hacen un llamado a la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) para que su órgano investigador no descanse en este tipo de delitos y les recordó que la alienación parental está prevista en el artículo 300, párrafo último, del Código Penal, y es un tipo de violencia.

La alienación parental la comete el papá o la mamá que no permite que su hijo/a conviva con el otro progenitor, “el derecho es de los menores, no de los papás”.

Otros estados del país como Colima y Estado de México, abrieron los Centros de Convivencia Familias Supervisada (Cecofam) para garantizar el derecho de los infantes a estar con sus padres, y la pregunta es porque en Durango no, que en este estado no hay un compromiso con la infancia que debe tener garantizada su salud física y mental, sus alimentos y vivir libres de agresiones.

Ni el COVID-19 detiene la violencia familiar