Por: Silvia Ornelas
La diputada local de Morena, Sandra Amaya, informó que el Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), debe 161 millones de pesos a un proveedor por arrendamiento de algunas cámaras de videovigilancia, «no han sido pagadas desde 2019».
«Nos estuvimos preguntando cuáles funcionaban y cuáles no. Las primeras fueron instaladas en la capital de Durango, luego otras en Gómez Palacio y Santiago Papasquiaro», precisó.
La legisladora recalcó que este tema preocupa bastante porque este proveedor ya no va a cumplir con el contrato que tenía para que las cámaras sigan brindando seguridad a los duranguenses.
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