El embarazo en niñas y adolescentes representa un problema social y económico importante para México, porque implica un alto costo de oportunidad para el desarrollo social y el crecimiento económico del país.

Las niñas y adolescentes que experimentan una maternidad temprana por lo general interrumpen su educación y difícilmente la retoman. Esto complica su inserción en el mercado laboral para conseguir un trabajo estable y decente, y paralelamente las mantiene en situaciones económicas precarias.

No solo eso, también existen mayores complicaciones de salud durante el embarazo y el parto, pues aumenta el riesgo de muerte materna.

Durante 2022, estadísticas de nacimientos registrados 2022 elaboradas por el Inegi revelaron que mil 713 niñas se convirtieron en madres en Durango; de ellas, por lo menos un centenar tenían entre 10 y 14 años.

Esta base de datos también dio a conocer el registro de 234 alumbramientos de adolescentes de 15 años; 575 más fueron correspondientes a 16 años; y, 803 mujeres de 17 años también se convirtieron en madres a temprana edad. Esta situación ubica a Durango en el sexto lugar en el país con el mayor número de maternidades infantiles, solo después de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Puebla.

Anabel Medina, responsable del programa de Panificación Familiar y Anticoncepción de los Servicios de Salud, reconoce el problema

“Durango ha dejado de ocupar los primeros lugares, pero seguimos teniendo una alta cifra de embarazos en adolescentes, es innegable. En comparación al año pasado sí tenemos una baja considerable, pero también entendemos que faltan tres o meses de registro de información.

En 2022 tuvimos 2 mil 511 embarazos en todo el año, desde los 10 hasta los 17 años y en lo que va del 2023 llevamos 2 mil 200 embarazos”.

Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria General del Consejo Nacional de Población (Conapo) visibilizó el problema de las maternidades infantiles durante su reciente visita a Durango:

“Tenemos un problema, que todavía empiezan a tener hijos a edad muy temprana. ese es un problema nacional y también estatal. En Durango, cada día hay 55 nacimientos por cada mil adolescentes, es una tasa menor a la del promedio porque es menor a la del país que es de 60.

Pero es muy alta, porque nadie debería de estar cuidando hijos en la segunda década de su vida. De los 10 a los 20 años deben estar estudiando, divirtiéndose, teniendo proyectos en la comunidad, aprender un instrumento musical y no deberían estarse tenido hijos”.

Las maternidades infantiles representan un problema social y económico importante que la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano.

Para la doctora Anabel Medina Chairez, este problema estructural sus implicaciones sociales, de salud e incluso, económicas, son diversas:

“Implica mucho. un embarazo en edad adolescente afecta a todas las esferas de la vida. Desde la formación biológica, el desarrollo de un adolescente, pero implica también una afectación en el aspecto emocional y mental. Significa ver truncado un proyecto de vida a muy temprana edad, con un compromiso tan importante y tan serio como lo es la maternidad”

El estigma y afectación social que se tiene es importante. Muchas veces las mujeres se quedan a cargo del bebé sin el apoyo de la pareja, pero cuando existe la pareja, son jovencitos que no tienen una preparación muy buena para tener trabajos bien remunerados y se renueva el círculo de pobreza”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las adolescentes de 15 a19 años en todo el mundo. Además, cada año, unos 3 millones de adolescentes de 15 a 19 años se someten a abortos peligrosos.

Recientemente, Julieta Hernández Camargo dio a conocer a Notigram que las asociaciones Sí hay mujeres en Durango y Abortistas MX realizaron una investigación sobre las niñas y adolescentes que decidieron interrumpir su embarazo y, que en consecuencia, fueron criminalizadas:

“Se hablaba de cifras de entre 2015 y 2023 en las que se identifican (Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura) se identifica que la mayor parte de las personas que han sido castigadas por el delito de aborto que hay tres niñas: una de 15, otra de 16 y una más de 17 años, que entre 2021 y 20222 y el juicio terminó en 2023, que estas niñas fueron condenadas por homicidio calificado y por homicidio en razón de parentesco.

Estas tres niñas no están en la cárcel, están en su casa bajo el procedimiento de libertad asistida, en el que están resguardadas en su domicilio por cierto tiempo, pero se trata de niñas que están siendo criminalizadas por el Estado y no tienen garantizado su derecho a decidir, y el Estado las estigmatiza a través del derecho penal”.

Los cargos por homicidio en razón de parentesco y homicidio calificado por el que fueron judicializadas estas adolescentes, lo llevaron bajo libertad asistida, una medida que ordena al adolescente a continuar con su vida cotidiana, bajo supervisión y de conformidad con lo establecido en el Programa Individualizado de Ejecución.

“Imagínate qué sienten y cuando les fincan la responsabilidad, les dicen que fue asesinado por su propia madre, ¿cómo se permite que se dirija hacia ella con estas expresiones tan horribles? No importa que no estén presas, porque en su espíritu y su esencia, ellas están criminalizadas”, señala Julieta Hernández Camargo.

La activista reconoce que la falta de información en las comunidades rurales e indígenas, la pobreza y precariedad de las familias, aunada a otros factores como los usos y costumbres, sin entornos sociales que influyen en las maternidades infantiles:

“En las zonas indígenas sabemos que hay venta de niñas que las cambian por una vaca o por un cartón de cervezas y, aunque está prohibido el matrimonio infantil, y aunque no se casan, sí tienen relaciones sexuales, lo cual las lleva a tener un embrazo no deseado. Recordemos que las niñas no deben tener relaciones sexuales, las niñas si son menores de 14 años, aunque den su consentimiento, es violación”.

Según el artículo 177 del Código Penal del Estado de Durango, se castiga el delito de violación con 10 hasta 15 años de cárcel y una multa que va desde los 74 mil 692.80 a los 112 mil 39.2 pesos a quien “realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo” y en caso de que exista violencia de por medio, las penas serán mayores.

Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé, es considerado un acto de tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según la Convención de la Tortura y otros Malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por: Karla Tinoco