Por: Antonio Gaytán

Las desigualdades matan en México, los altos costos limitan el acceso a una eficiente calidad de atención a su salud mental, expresó la especialista Soledad Ruíz Canaán.

Soledad Ruíz, directora del Instituto de Salud Mental de Durango, es una de las especialistas que participó en el  curso sobre Salud mental y adicciones. Prospectiva de la reforma.

Curso organizado por la Comisión de Salud del Senado de la República, foro donde los especialistas coincidieron en la necesidad de impulsar cambios legislativos que permitan la autonomía, inclusión y participación social de las personas con una discapacidad mental.

Durante su participación, la doctora Ruíz Canaán señaló que nuestro país cuenta con 2,471 municipios con claras desigualdades sociales, culturales y económicas.

Por lo que se deben priorizar las acciones de promoción y prevención en los municipios que tengan un menor índice de desarrollo humano, “porque las desigualdades matan”.

Dijo que la desinstitucionalización es fundamental, ya que implica que se desarrollen políticas y servicios alternativos, eficientes, efectivos y humanos, que mantienen a las personas con enfermedades mentales en su comunidad y se les garantizan sus derechos humanos.

Proyectos que deberán estar acompañados de financiamiento, incluso, propuso la atracción de recursos externos a través de fundaciones, pues es muy difícil trabajar con recursos limitados.

En el curso “Salud mental y adicciones. Prospectiva de la reforma” también participaron representantes y doctores de la Fundación Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino, de España.

Fundación cuyo objetivo es asegurar la inclusión laboral y social a personas con capacidades diferentes, mediante la generación de empleo de calidad, a través del respeto a los valores de diversidad, inclusión, honestidad y dignidad.

María Dolores Santos, a nombre de dicha fundación, manifestó que es fundamental garantizar los derechos civiles de las personas que padecen una enfermedad mental, a fin de reconocer su participación y dignidad en su comunidad.

Se necesita lograr la autonomía, inclusión y la participación, a través de un sistema de apoyos, en el que son imprescindibles los profesionales sociosanitarios.

Un dato: en España, la legislación reconoce a las personas con discapacidad, como titulares de una serie de derechos y a los poderes públicos como los garantes en el cumplimiento de estos, porque si no es con su acompañamiento, difícilmente se puede hacer que este proyecto funcione.

Finalmente, en el comunicado emitido por el Senado, se menciona al representante de la Organización Civil, Documenta, Víctor Lizama.

Especialista que coincidió en la necesidad de desinstitucionalizar la atención psiquiátrica, a fin de dirigirla hacía una aplicación digna y de calidad en la comunidad.

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