La democracia por la que se rige México es amenazada por la violencia que persiste en todos los ámbitos, incluidas las elecciones de representantes populares.

En el transcurso de nueve meses que lleva el proceso electoral, la violencia política ha dejado cientos de víctimas mortales, y otras cientos que han sobrevivido a ataques armados en nuestro país.

De acuerdo con un reporte de la empresa Integralia, desde el inicio de las elecciones, en septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, se contabilizaron 143 asesinatos.

Entre las víctimas mortales se encuentran 28 funcionarios municipales; 26 aspirantes a elección popular; 17 exfuncionarios; 14 funcionarios federales y estatales, 10 activistas, cinco excandidatos, cuatro líderes partidistas; cuatro militantes de partidos políticos, tres presidentes municipales, así como tres jueces.

Integralia menciona 25 víctimas, de las cuales no se precisa a qué se dedicaban.

Otro sector, cuya vulnerabilidad está clara en nuestro país, incluso cuando no es tiempo electoral, son los reporteros. En estos nueve meses pasados, cuatro periodistas fueron asesinados.

El 6 de junio se elegirán más de 21 mil cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales, 15 gobernadoras y gobernadores, mil 603 diputaciones locales, 17 mil alcaldías y mil 900 presidencias municipales.

El informe reveló que la violencia ha afectado más en los ayuntamientos, destaca que un alto porcentaje de incidentes violentos se ha presentado en demarcaciones de menos de 100 mil habitantes. Estos son lugares alejados de la zona urbana y tienen poca presencia de policías federales.

Además de los 143 asesinatos registrados, se documentaron otros hechos violentos que afectaron a 67 víctimas, mismas que resultaron heridas.

El reporte también informó el porcentaje de políticos asesinados por partido. Aquí indicó que los representantes de partidos y organizaciones políticas locales o independientes son los más afectados por la violencia, al registrar el 21 por ciento de los asesinatos presentados en el país.

El segundo grupo más impactado es el que integra el partido Morena, con 20 por ciento de los casos.
El PRI se encuentra en tercer lugar, con 15 por ciento; PAN, en el cuarto sitio, con 12 por ciento; y la lista continúa con el PRD, que tuvo nueve por ciento; Movimiento Ciudadano, seis por ciento; Partido Verde Ecologista, seis por ciento; en tanto que PES, PT, RSP y Fuerza México registraron el uno por ciento de los homicidios.

Marzo pasado ha sido el mes más mortífero en lo que va del proceso electoral, que concluirá en junio.
Se registraron 18 asesinatos entre septiembre de 2020 y abril de 2021.

En tanto que, febrero ha sido el mes con más incidentes de violencia política, sumó 30 hechos.

Según el reporte, actualmente la violencia política se presenta más en contra de funcionarios en activo, lo correspondiente es un 43.2 por ciento de los casos.

Luego de ellos, los más afectados son militantes y candidatos, contra quienes se ha registrado el 32.6 por ciento de los hechos violentos.

Mientras que 12.4 por ciento se registró contra exfuncionarios y 11.8 por ciento contra activistas y periodistas.

Pocos estados escapan a la violencia 

La violencia en el proceso electoral se vive en casi todo el país, Integralia descubrió que solo cinco estados han escapado a ésta.

Dichas localidades que no han presentado hechos de violencia política son Durango, Nayarit, Aguascalientes, Campeche y Querétaro.

En estos no se ha registrado ningún hecho violento durante el proceso electoral.

En contraste, los siguientes estados presentaron la mayor cantidad de hechos violentos: Guerrero (4), San Luis Potosí (4), Baja California (7), Chihuahua (3), Oaxaca (6), Jalisco (3) y Guanajuato (3) .

Respecto a algunas de las causas de la violencia política en nuestro país, el informe indica que buena parte de los incidentes los realizan miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales.

Su finalidad es dominar mercados ilícitos como huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión, entre otros.

Este peligro, advierte el informe, es reforzado por una alta descoordinación entre los gobiernos y las agencias de seguridad, así como por los altos niveles de impunidad que se registran en nuestro país.