Por: Brenda Maurer

«Le pedimos al Gobierno municipal que ya se ponga a trabajar y deje de estar creando escenarios para señalar a la administración anterior, tienen nueve millones de pesos en una cuenta bancaria desde octubre de 2019, que están detenidos mientras muchos duranguenses no tienen qué comer», expuso el doctor en Derecho, Ernesto Aguilar García.

Detalló que la Síndico municipal en una declaración afirmó que no podían usar ese recurso porque no conocían su procedencia, pero en los oficios que existen de la devolución de anticipos que hicieron los proveedores porque terminaron su relación con el municipio, consta mediante sello, que el dinero se recibió por la Dirección de Finanzas desde el mes de octubre, en razón de que eso derivó del proceso de entrega-recepción.

En el documento del proveedor Pablo Antonio García Cisneros, consta que se regresó al municipio la cantidad de un millón 125 mil pesos y eso se informó por escrito a la Directora de Finanzas y a la Subdirectora administrativa y de egresos desde el 17 de octubre y se acompaña del detalle de transferencias y los recibos de los depósitos no solo de bancos, también de las cajas del municipio.

La cuenta bancaria del municipio en donde se depositó el dinero es la 0548495317.

«Imagínense el dolo que implica que acusen desfalco por las cantidades que señalan, cuando ellos sabían que ese dinero está en una de sus cuentas. Ése es el agravio», dijo.

También hay un documento notariado por Juan Gerardo Parral, en el que se hace constar que uno de los exfuncionarios de la Dirección de Finanzas acudió a buscar a la Directora para entregarle información comprobatoria de los gastos pendientes, pero la asistente de la misma se negó a recibirla, diciéndole que eso se debía llevar a la Contraloría municipal; es decir, que elucubraron todo el escenario para hacer una denuncia mediática acusando desfalco.

Aguilar García señaló que ya presentaron una denuncia en contra de la Directora de Finanzas y la Contralora municipal por haberse negado a recibir la información, ya que es posible que se configure el delito de fraude procesal, al haber propiciado el escenario en el que los exfuncionarios parecieran omisos en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Finalmente, comentó que con este cerrarían el tema mediático para seguir por la ruta exclusivamente jurídica.