Por: Brenda Maurer

Hasta el mes de enero del presente año, la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado 482 carpetas de investigación. Tan solo en el presente año, ya suman, en el mes de enero, 15 carpetas por denuncias de presuntos actos de corrupción, de acuerdo a lo que dio a conocer el vicefiscal jurídico, Margarito Rodríguez.

Al preguntarle sobre los resultados que ha arrojado el Ministerio Público Itinerante, destacó que, gracias a esa estrategia, los ciudadanos se han acercado a presentar sus denuncias e, incluso, a solicitar asesorías, mismas que son gratuitas.

“Como parte de dicha estrategia de acercamiento, recientemente estuvimos en el municipio de Vicente Guerrero, con el fin de promover la denuncia ciudadana de delitos de corrupción, cometidos por servidores públicos estatales y municipales”, dijo.

Detalló que el módulo de atención del Ministerio Público Itinerante se instaló en la Biblioteca Pública José Ángel Ceniceros de esa cabecera municipal.

Compartió que, en estos recorridos, se aprovecha para establecer reuniones de trabajo con los presidentes municipales, ya que, para generar una cultura de denuncia y, sobre todo, combatir las prácticas de corrupción, se requiere del apoyos de todos.

Durante la gira de trabajo, encabezada por el vicefiscal jurídico de esta institución, se llevó a cabo una reunión con el alcalde de Vicente Guerrero.

Aseguró que es importante que la ciudadanía sepa que no solo se tiene el acercamiento con los presidentes municipales: “En el caso de esta última visita que realizamos, también participaron los principales funcionarios municipales, entre ellos, el secretario del Ayuntamiento y la contralora municipal”.

En esta reunión se expuso el funcionamiento y trabajo que realiza la Fiscalía Especializada y establecer compromisos de vinculación para la prevención y combate a la corrupción.

Finalmente, comentó que, entre otras acciones, se revisaron las obligaciones legales en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, así como la importancia de la ética e integridad en el servicio público y las acciones de vigilancia, a cargo de los titulares de los órganos internos de control, en su función fiscalizadora de los recursos públicos.

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