Por: Silvia Ornelas
La diputada local panista, Tere Soto, informó que se busca incluir los apoyos de programas sociales, dentro de las causas por las que los funcionarios públicos puedan ser sancionados al obtener, para sí mismos o para sus familiares cercanos, un beneficio ilegal.
“El decidir de forma arbitraria, ilegal e improcedente para el acceso de ciertas personas cercanas, familiares o conocidos a beneficios patrimoniales o económicos, solo por el hecho de que un servidor público se encuentre en una situación de privilegio en alguna dependencia, resulta ser una práctica que perjudica la vida pública de toda la sociedad”, señaló.
Mencionó que la aplicación efectiva y legal de los recursos que se destinan a los programas de ayuda en beneficio de sectores vulnerables, en algunos casos se ha distorsionado para llegar a convertirse en prácticas de un clientelismo político.
Recalcó que todo servidor público debe prestar su trabajo con un interés de beneficio general, ya que para ello se le coloca en un puesto en específico que se debe ejercer de la manera más transparente y profesional.
«Controlar o manipular los beneficios que deben llegar a la población a través del favoritismo, es una conducta que claramente atenta contra los intereses de quienes verdaderamente los requieren, pero también, atenta contra la verdadera razón para la que fueron creados o destinados, lo que perjudica a todos los implicados y a la comunidad en general», mencionó.
«El mal uso que se llega a realizar sobre recursos que se deben hacer llegar a grupos vulnerables, debe ser motivo de sanción ejemplar, sobre todo para los funcionarios públicos que tengan acceso al manejo de dichos recursos”, concluyó durante la sesión de la Comisión Permanente.