Por: Brenda Maurer

Con 13 abstenciones, nueve votos en contra y sólo tres a favor, fue reprobada la cuenta pública 2018 del municipio de Durango. Cabe destacar que a pesar de que se había revelado que las observaciones alcanzaban prácticamente los 18 millones de pesos, el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda era aprobatorio, sin embargo la votación en el Pleno no se dio en ese sentido.

Al momento del debate el único orador registrado fue el diputado por el Partido del Trabajo (PT), Rigoberto Quiñones Samaniego quien externó: El grupo del PT emite su voto en contra de esta cuenta pública porque del resultado emanado de la revisión realizada por la Entidad de Auditoria Superior del Estado (EASE), se observan irregularidades en la hacienda pública municipal por 17 millones 678 mil 775 pesos, mientras que en los organismos descentralizados las observaciones alcanzan los ocho millones 383 mil 667 pesos, de tal manera que al sumarlos tenemos 26 millones 62 mil 442 pesos, que no justificó el gobierno corrupto de José Ramón Enríquez Herrera.

Por lo anterior, Quiñones Samaniego exhortó al presidente municipal Jorge Salum del Palacio, a que proceda legalmente ante las autoridades correspondientes para que se investigue y se sancione a los responsables de estas irregularidades.

Reprobados tienen 20 días para solventar

En total fueron 10 los municipios que no aprobaron su cuenta pública, además de un organismo autónomo que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC); cabe destacar que éstos tienen 20 días hábiles para solventar las observaciones, señaló el vocal de la Comisión de Hacienda, Gerardo Villarreal Solís.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconoció que la cuenta pública de la capital se caracterizó por tener una votación sumamente dividida en la que hubo bastante abstención.

Reveló que entre los municipios que no aprobaron se encuentra: Súchil, Mapimí, Canelas, Otáez, Pánuco de Coronado y Durango, entre otros. “Ahora tenemos que esperar a que los 39 municipios y los organismos autónomos presenten las debidas solventaciones a la Entidad de Auditoria, para evitar caer en responsabilidad administrativa o penal, concluyó.