Senado aprobó incrementar castigo al personal educativo que cometa una agresión sexual en contra de niñas, niños y adolescentes; informó la senadora Margarita Valdez (Morena).

A través de sus redes sociales, la senadora duranguense informó que el Pleno del Senado aprobó aplicar sanciones mayores a quienes se desempeñen en los centros educativos y cometan abusos en contra de menores de edad.

En cuanto al fondo de la propuesta, la senadora Valdez planteó los siguientes razonamientos:

Cada año, más de cuatro millones y medio de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, lo cual hace que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo coloque en el primer lugar mundial en este delito.

De acuerdo con el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil, esta cifra es poco realista porque solo es denunciado uno de cada 100 casos de abuso sexual infantil.

El abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes se efectúa cuando una persona de la misma o mayor edad los obliga a tener contacto sexual a través de caricias, besos, tocamientos, ver y escuchar pornografía o exhibir los genitales y/o cualquier comportamiento de tipo sexual.

Es un delito con incidencia principalmente en los espacios escolares de educación básica, donde los profesores de los centros de educación o escuelas incurren en conductas que violentan los cuerpos de los menores y su estabilidad emocional.

Con base en estos argumentos, la senadora solicitó una reforma a la fracción XI del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la fracción III del artículo 266 Bis del Código Penal Federal.

El Pleno del Senado aprobó estas reformas, obligando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, de contar con una instancia multidisciplinaria responsable de establecer mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de violencia sexual y cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, además de los casos ya previstos por la ley.

Así como incrementar la suspensión del ejercicio del cargo público que desempeñe el agresor, hasta por diez años, cuando la agresión tipificada en el artículo 266 bis del Código Penal Federal, se cometa en contra de niñas, niños y adolescentes.

Por: Antonio Gaytán

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