Vivienda asequible; programa que el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, gestiona con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, en beneficio de las familias que carecen de un hogar o que viven en condiciones de hacinamiento.
Se trata de desarrollar viviendas que las y los duranguenses puedan pagar sin privarse de otras necesidades básicas; el valor de los terrenos y casas, en muchos de los casos, es imposible de adquirir por los ingresos que tiene una familia de escasos recursos.
El secretario de Bienestar Social del Estado de Durango (Sebised), David Payán, declaró que ha habido un acercamiento directo entre el gobernador Villegas y la secretaria Vega; reuniones donde ha estado presente, para trazar la ruta de trabajo y desarrollar este proyecto a partir del 2025.
«Este proyecto de vivienda asequible, incluso con la posibilidad de renta social; el gobernador ha estado gestionando con la presidenta Claudia Sheinbaum y viene vivienda para Durango», apuntó.
El programa de vivienda asequible llegará a la ciudad de Durango, donde se reporta el mayor rezago social en este indicador, y a los municipios con comunidades indígenas como Mezquital, Pueblo Nuevo, Súchil y San Dimas; el objetivo es generar espacios dignos para todas las familias.
«La demanda de vivienda está más focalizada en la ciudad de Durango que en otros municipios, incluso contrastando con La Laguna, donde la demanda de vivienda está más deprimida; en la capital hay una demanda muy activa, muy creciente, por eso es el interés que ha mostrado la Sedatu», apuntó.
El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado.
ONU-Habitat, el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, considera siete elementos de una Vivienda Adecuada son:
1. Seguridad de la tenencia; se refiere a las condiciones que garanticen a sus ocupantes protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.
2. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; contempla la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos.
3. Asequibilidad; el costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos. Se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda (ONU, 2018).
4. Habitabilidad; son las condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.
5. Accesibilidad; el diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con discapacidad.
6. Ubicación; la localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas.
7. Adecuación cultural; es una vivienda adecuada si su ubicación respeta y toma en cuenta la expresión de identidad cultural.
