Durango, Durango. Después de más de 16 años de permanecer vigente una orden de aprehensión, autoridades de Durango y Jalisco lograron la captura de una mujer identificada como Lucero “N” y/o Josefina “N”, señalada por su probable responsabilidad en el delito de sustracción de menores e incapaces, en agravio de un niño cuya identidad permanece bajo reserva, conforme a la legislación vigente.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó que la detención fue resultado de un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Jalisco, derivado de las investigaciones para ubicar a la imputada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, fue el 29 de abril de 2010 cuando un Juez del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango libró la orden de aprehensión en su contra por hechos que la ley considera constitutivos del citado delito.

Como parte de las labores de búsqueda y localización, las autoridades lograron ubicar a la mujer en el estado de Jalisco, donde el 27 de mayo de 2026 fue cumplimentado el mandamiento judicial con apoyo de las corporaciones de esa entidad.

Un día después, el 28 de mayo, la imputada fue presentada ante el órgano jurisdiccional correspondiente, donde rindió su declaración preparatoria. En esa audiencia se determinó la duplicidad del término constitucional.

Posteriormente, el 3 de junio de 2026, el juez resolvió dictarle auto de formal prisión por el delito de sustracción de menores e incapaces, previsto en el Código Penal del Estado de Durango, y declinó la competencia al juez de origen para que continúe el proceso penal.

De manera extraoficial trascendió que el menor presuntamente sustraído tenía apenas dos años de edad cuando ocurrieron los hechos que motivaron la investigación; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la autoridad ministerial.

La Fiscalía General del Estado señaló que continuará fortaleciendo la coordinación con las fiscalías y procuradurías del país para cumplimentar mandamientos judiciales vigentes, localizar a personas que evaden la acción de la justicia y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

Cabe precisar que la imputada mantiene la presunción de inocencia y será la autoridad judicial quien determine en definitiva su situación jurídica.