Derivado de las acciones legales emprendidas por la Fiscalía General del Estado de Durango, se obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de 28 personas por su presunta responsabilidad en diversos delitos cometidos en el ejido Dinamita, municipio de Gómez Palacio.

De acuerdo con la autoridad, los hechos ocurrieron los días 17 y 18 de marzo del presente año, cuando los imputados fueron detenidos en flagrancia durante un operativo interinstitucional, tras participar presuntamente en bloqueos ilegales, apoderamiento de unidades de transporte y actos de presión económica contra empresas de la región Laguna.

Los delitos que se les imputan son robo equiparado, ataques a las vías de comunicación y transporte, así como asociación delictuosa, contemplados en los artículos 199, 249 y 229 del Código Penal vigente en el estado.

Entre las personas vinculadas a proceso se encuentran David G., Isela G., Damián O., José Camilo O., Bryan Uriel O., Angélica O., Edgar Guadalupe O., Ricardo Ángel G., Flavio César G., Ángel Gabriel G., José Guadalupe C., Germán C., José Jacinto O., Reynalda H., Yesenia C., Bernardino O., Ángel Vladimir L., Rogelio C., Valentín O., Aurora Ivette C., Refugio H., Óscar E., Alejandro R., Benjamín N., María Dolores C. y Alicia O., entre otros.

El órgano jurisdiccional determinó prisión preventiva justificada para la mayoría de los imputados, debido a la gravedad de los hechos; sin embargo, se dictó resguardo domiciliario para Alejandro R., Benjamín N., María Dolores C. y Alicia O.

Cabe señalar que en el caso de Alejandro R., este solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su audiencia de vinculación a proceso fue programada para el 23 de marzo de 2026, es decir, para este lunes.

Las investigaciones establecen que los imputados habrían participado en bloqueos sistemáticos a empresas del sector industrial, incluyendo una dedicada a la fabricación de explosivos, lo que generó riesgos a la población, afectaciones operativas y pérdidas económicas millonarias, además de exigir pagos indebidos.

Estas conductas fueron calificadas por las autoridades como actos de coacción, presión ilegal y obstaculización de vías de comunicación, impactando el orden público y el desarrollo económico de la región Laguna, por lo que las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades.