En una inesperada y polémica disputa legal, la gigante compañía de entretenimiento Walt Disney ha acusado al gobernador de Florida, Ron DeSantis, de estar llevando a cabo un “motín constitucional en curso”. Esta acusación se dio a conocer a través de un escrito presentado por los abogados de Disney en una corte federal en Florida, donde advierten sobre los riesgos que esta situación conlleva para la libertad de expresión.

En el escrito, los abogados de Disney argumentaron que DeSantis y sus aliados están “rechazando abiertamente la regla fundamental de la Primera Enmienda”. Según ellos, el gobernador está utilizando su poder para castigar la expresión de puntos de vista políticos desfavorables, lo cual considera que no solo carece de respaldo legal, sino que también es profundamente antiestadounidense.

Esta batalla legal entre Disney y DeSantis se inició debido a las críticas hechas por un ejecutivo de la compañía hacia una ley estatal de Florida que prohíbe abordar en las aulas escolares temas relacionados con la identidad de género y orientación sexual. Esta ley, conocida como “No digas gay”, ha sido objeto de rechazo por parte de los detractores de DeSantis.

Como represalia, el gobernador reemplazó el Distrito de Mejoramiento Reeedy Creek, bajo el cual Disney ha operado sus parques temáticos en Florida de forma autónoma durante décadas, por un nuevo distrito llamado Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central. Este nuevo distrito tiene una junta directiva compuesta por miembros designados por DeSantis.

La acción del gobernador ha llevado a Disney a presentar una demanda contra la administración estatal, calificando la represalia como “rápida y severa”. Según la compañía, el Estado despojó a Disney de sus derechos de voto en el organismo rector que supervisa el uso de su propiedad privada, como una manera de castigarlos por sus comentarios.

Consecuencias y Preocupaciones

La tensión entre ambas partes continúa creciendo, incluso en una entrevista ofrecida en agosto pasado, DeSantis sugirió al actual CEO de Disney, Bob Iger, que abandonara la demanda judicial y aceptara el fin de lo que considera “privilegios especiales”.

Esta batalla legal está generando repercusiones y preocupaciones en el estado de Florida, ya que podría afectar no solo la relación entre Disney y el gobierno estatal, sino también la libertad de expresión en general. Habrá que esperar el desenlace de este escandaloso conflicto y ver cómo afecta a ambas partes involucradas.

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