El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) enfrenta un futuro legal incierto tras ser vinculado a proceso en dos causas judiciales distintas que han conmocionado al país. La decisión judicial, acusa a Fernández de presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión y, en una causa separada, de violencia de género contra su expareja y exprimera dama, Fabiola Yáñez.

Presunta corrupción en la contratación de seguros públicos

La principal acusación contra Fernández se centra en la supuesta contratación irregular de seguros para organismos públicos. El juez Sebastián Casanello procesó al exmandatario de 66 años por el delito de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública».

Según la investigación, el Estado habría contratado seguros a través de un intermediario que cobraba comisiones, a pesar de que estas operaciones podían realizarse directamente con la aseguradora del estatal Banco Nación, según un decreto firmado por el propio Fernández. El corredor de seguros implicado es el esposo de la ex secretaria personal de Fernández. Las pruebas que sustentan la acusación provienen del peritaje del teléfono móvil de dicha secretaria.

En un fallo significativo, el juez Casanello ordenó el embargo de bienes y dinero del ex mandatario por un monto de 14.634 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 10 millones de dólares al cambio oficial.

La abogada de Fernández, Mariana Barbitta, aseguró a la AFP que «no hay delito, no hay sobreprecios ni direccionamiento», calificando la situación como un «intento claro de instalar sospechas sin sustento».

Juicio oral por violencia de género

Además de las acusaciones por corrupción, Fernández también deberá enfrentar un juicio oral por violencia de género. Esta causa surgió inesperadamente durante el peritaje del teléfono de su ex secretaria, donde se encontraron testimonios e imágenes que llevaron a una denuncia por violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yáñez.

El lunes 17 de febrero, el juez federal Julián Ercolini acusó formalmente a Fernández de ejercer violencia contra Yáñez durante un periodo de ocho años, incluso durante el embarazo de su hijo. El magistrado procesó al expresidente por «delitos de lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos oportunidades».

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