En un escrito presentado al Juzgado de Instrucción número seis de Las Palmas de Gran Canaria, doce menores migrantes han revelado graves maltratos y presuntos tocamientos por parte de los educadores y del director del centro de acogida en el que se encuentran. Estos hechos han sacudido a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, la cual gestiona el dispositivo y actualmente está bajo investigación por el desvío de fondos públicos. El centro, ubicado en Tafira, ha sido señalado como escenario de abusos y negligencia.

Inspecciones y medidas para el caso de los migrantes

Según las inspecciones realizadas por la Fiscalía de Las Palmas, las instalaciones destinadas al cuidado de los menores presentan un “alarmante deterioro” y una deficiente gestión de recursos, a pesar de los millones de euros destinados a su mantenimiento. Los incidentes denunciados tuvieron lugar a principios de este mes, cuando se incorporaron nuevos educadores al centro.

Uno de los menores afirma haber sufrido “posibles tocamientos” en el despacho del director. Estas acusaciones despertaron el temor de otros jóvenes, quienes rompieron una puerta para acceder a la habitación donde se habrían producido los abusos. En respuesta a estos gravísimos acontecimientos, Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, ha solicitado un informe detallado para presentar el caso ante la Fiscalía. Además, en caso de ser necesario, el cierre del centro de acogida se considerará como medida para proteger a los menores.

Antecedentes de la fundación

Lamentablemente, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI no se ha librado de la polémica ni una sola vez. Además de la investigación que se le sigue por desviar fondos públicos, la entidad ha enfrentado acusaciones anteriores de casos de explotación sexual, intimidación, agresiones y racismo en sus centros de Gran Canaria. El centro de acogida en cuestión puede alojar a 71 menores migrantes no acompañados y Siglo XXI lo recibió por el aumento de la llegada de estos jóvenes a las Islas Canarias. La fundación obtuvo una importante suma de 12 millones de euros de dinero público para integrarlos y acogerlos, pero parte de esos fondos no llegó a los menores y se gastó en tratamientos de belleza, hoteles de lujo, viagra y parches para dejar de fumar, entre otros gastos cuestionables.