El gobierno de Donald Trump ha implementado un cierre de varias agencias clave dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), encargadas de la vigilancia de los derechos de los inmigrantes.

Esta decisión afecta a oficinas que ofrecían apoyo a inmigrantes, especialmente menores no acompañados, y gestionaban denuncias relacionadas con el trato a los detenidos y el acceso a la representación legal.

Reducción de personal

Según informaron medios como The Washington Post y ABC News, la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, confirmó que se ha ordenado una “reducción de personal” en la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo de Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.

Estas agencias, que representaban una pequeña fracción de los aproximadamente 260,000 empleados del DHS, desempeñaban un papel fundamental en la supervisión de las condiciones de detención y la defensa legal de inmigrantes, particularmente niños, que enfrentan procesos de deportación.

El cierre de estas agencias también ha afectado el financiamiento destinado a la representación legal de menores migrantes. Según un memorando obtenido por ABC News, el gobierno ha rescindido parcialmente contratos con organizaciones que gestionaban más de 200 millones de dólares en subvenciones federales, lo que pone fin a la financiación para la representación legal y la contratación de abogados que asistían a niños migrantes no acompañados.

Esta medida ha generado fuertes críticas por parte de los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. En un tuit, señalaron que la administración Trump está eliminando otra oficina que podría exponer sus acciones ilegales e inconstitucionales.

Seguridad fronteriza y leyes migratorias

McLaughlin defendió la decisión, argumentando que las reducciones permitirán que los recursos del DHS se enfoquen en su misión principal: la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias. Según ella, las tres oficinas habían obstruido la aplicación de la ley migratoria al agregar obstáculos burocráticos y socavar la misión del DHS.

Con la eliminación de estas oficinas, los defensores de los derechos civiles y los demócratas temen que los inmigrantes, particularmente los más vulnerables, enfrenten mayores dificultades para acceder a una representación legal adecuada y para denunciar abusos en los centros de detención.

En medio de estas reestructuraciones, el futuro de la protección de los derechos civiles en el sistema de inmigración estadounidense se vuelve incierto, mientras que el gobierno federal mantiene su enfoque en optimizar los recursos para fortalecer la seguridad fronteriza.

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