En un giro impactante, el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, anunció su dimisión el martes debido a una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por su administración en la gestión de proyectos de extracción de litio e hidrógeno en el país. La investigación ha sacudido al gobierno de mayoría socialista y ha generado una ola de exigencias de dimisión de la oposición.

Costa hizo el anuncio en una declaración televisada luego de una reunión con el presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Aunque afirmó tener la conciencia tranquila, decidió no volver a presentarse como candidato a primer ministro.

La fiscalía ya ha actuado contra los sospechosos

La fiscalía designó formalmente como sospechoso al ministro de Infraestructuras, Joao Galamba, y detuvo al jefe de gabinete del ministro el mismo martes. Estos eventos han llevado a la oposición a demandar la dimisión inmediata del gobierno.

Costa se mostró «plenamente disponible para cooperar» con la justicia después de que los fiscales informaran que él también era objeto de investigación. En sus declaraciones a los periodistas, Costa enfatizó que la dignidad de las funciones de primer ministro no es compatible con ninguna sospecha sobre su integridad o la práctica de cualquier acto ilícito.

Las acusaciones contra Costa implican posible prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios relacionados con la extracción de litio e hidrógeno. Sin embargo, este ha negado enérgicamente todas las acusaciones y ha asegurado que se marcha «con la conciencia muy tranquila».

Se esperan elecciones anticipadas

La dimisión de Costa plantea interrogantes sobre el futuro político de Portugal. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa tiene la potestad de disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones si lo considera necesario. Aunque Costa no ha ofrecido detalles sobre si será candidato en unas posibles elecciones, afirmó que no influirá en la decisión del presidente.

El Ministerio Público confirmó en un comunicado que está investigando a Costa y a varios miembros de su gabinete por presuntos crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias relacionados con negocios de litio e hidrógeno.

Esta noticia sin duda marca un antes y un después en la política portuguesa y deja al país en una situación de incertidumbre. Los próximos pasos a seguir serán determinados por las decisiones del presidente Rebelo de Sousa, quien deberá evaluar la gravedad de las acusaciones y decidir si convoca a elecciones anticipadas.