Un ataque militar de Estados Unidos en Caracas, ejecutado la madrugada del 3 de enero de 2026, dejó al menos 40 personas muertas, según información publicada por el New York Times citando a un alto funcionario venezolano bajo condición de anonimato. Entre las víctimas se encuentran militares y civiles, mientras que las fuerzas estadounidenses no reportaron fallecidos, aunque algunos soldados sufrieron heridas leves.

La operación, denominada Resolución Absoluta, involucró aproximadamente 150 aeronaves y se centró en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, así como en una base aérea y otros objetivos estratégicos. Los ataques se produjeron después de meses de planificación y ensayos, según detalló el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor estadounidense.

El presidente Donald Trump afirmó que siguió el operativo “como si fuera un show televisivo” y señaló que Maduro y su esposa Cilia Flores no opusieron resistencia durante la captura. Posteriormente, Maduro fue trasladado en un avión a una base militar en Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcotráfico y terrorismo, bajo custodia de agencias estadounidenses.

Trump anunció que su gobierno administrará temporalmente Venezuela y explotará sus recursos petroleros hasta lograr una “transición pacífica”, con participación de su gabinete y colaboración de la oposición venezolana, sin dar mayores detalles. Además, advirtió que Estados Unidos está preparado para un nuevo ataque, de ser necesario, para evitar que el círculo cercano de Maduro continúe en el poder.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez declaró estar dispuesta a mantener relaciones de respeto con Estados Unidos, al tiempo que exigió la liberación inmediata de Maduro y Flores. Rodríguez reafirmó que Maduro es el único presidente legítimo de Venezuela y que el gobierno está listo para defender la soberanía del país, declarado en estado de conmoción tras la intervención estadounidense.

El ataque genera preocupación internacional sobre la legalidad de la acción y la soberanía de Venezuela, mientras organismos como la ONU y la OEA analizan posibles violaciones al derecho internacional y las consecuencias diplomáticas de la operación.

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