Un juez federal ha bloqueado el plan del gobierno de Joe Biden de reducir la extracción de petróleo y gas en el Golfo de México para proteger a una especie de ballena en peligro de extinción. El magistrado ordenó al Departamento del Interior de Estados Unidos que amplíe la venta de permisos de explotación en el Golfo, prevista para la próxima semana, y que elimine las nuevas medidas de protección de las ballenas que se habían incluido en las condiciones de venta.

La decisión judicial se produce tras una demanda presentada por Chevron, Shell Offshore, el American Petroleum Institute y el estado de Luisiana, que argumentaron que el plan del gobierno violaba las leyes federales y los incentivos para la energía limpia. Los demandantes también alegaron que el gobierno había actuado de forma arbitraria y sin justificación al modificar la propuesta inicial de venta de permisos.

Cambios en la propuesta de venta de permisos

Según la propuesta anunciada en marzo, la venta del 27 de septiembre habilitaría 30 hectáreas (73 acres) de parcelas submarinas para la extracción. En agosto se redujo la zona habilitada a 27 hectáreas (67 acres) cuando la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM por sus siglas en inglés) anunció los planes finales para la venta. Pero el juez federal de distrito James David Cain Jr. en la ciudad de Lake Charles restauró el área inicial en una orden el jueves por la noche.

La revisión de la BOEM incluía nuevos límites de velocidad y requisitos para el personal en buques petroleros en algunas de las zonas —también bloqueados por la orden de Cain.

BOEM había adoptado la zona reducida y las nuevas normas para la venta de la próxima semana como parte de un acuerdo entre el gobierno y ambientalistas logrado el mes pasado para resolver una demanda de protección de las ballenas presentada en una corte federal en Maryland.

Las ballenas francas del Atlántico Norte son una especie en peligro crítico que se estima que quedan menos de 400 ejemplares en el mundo. Estos mamíferos marinos se enfrentan a múltiples amenazas, como las colisiones con buques, las redes de pesca y los efectos del cambio climático.

Por otra parte, una demanda iniciada por Earthjustice y otros grupos ambientalistas trata de detener totalmente la venta de permisos que, argumentan, viola la Política Ambiental Nacional. Dicen que el gobierno no tuvo en cuenta las amenazas a la salud de poblaciones de la costa del Golfo cerca de las refinerías ni los impactos de la extracción de combustibles fósiles sobre el clima.

La venta de permisos en el Golfo es una fuente importante de ingresos para el gobierno federal y los estados costeros

Según datos oficiales, en 2019 se recaudaron más de 5 mil millones de dólares por concepto de regalías, alquileres y bonos relacionados con la extracción offshore. Sin embargo, también implica riesgos ambientales, como el derrame masivo ocurrido en 2010 tras la explosión de la plataforma Deepwater Horizon.

El gobierno de Biden ha expresado su compromiso con la transición hacia una economía baja en carbono y ha tomado medidas para frenar la explotación petrolera y gasífera en tierras y aguas federales. Sin embargo, se ha enfrentado a la oposición tanto de la industria como de algunos estados que dependen económicamente del sector energético.