La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reafirmó su compromiso de cumplir con su periodo de gobierno hasta el año 2026, y demandó respeto por la elección democrática que la llevó al Ejecutivo. En medio de un contexto político turbulento, Boluarte aseguró que su administración continuará trabajando por el progreso del país, sin dejarse distraer por las adversidades.

Boluarte y su compromiso con el mandato presidencial

Durante un acto de entrega de títulos de propiedad en la provincia del Callao, Boluarte enfatizó la fortaleza y dignidad de su gobierno, declarando que nada los desviará de su camino hacia el desarrollo nacional.

Cabe destacar que su discurso llega días después de la detención de su hermano Nicanor Boluarte y de su abogado Mateo Castañeda por presuntos delitos de tráfico de influencias y participación en una organización criminal.

Asimismo, la mandataria, quien asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, recordó que la fórmula presidencial encabezada por ella fue respaldada por el pueblo peruano y, por ende, debe ser respetada hasta el final del mandato constitucional.

Desafíos y críticas: ¿Qué enfrenta Boluarte?

Sin embargo, la estabilidad de Boluarte en el poder enfrenta desafíos significativos. Dos diputadas de la bancada progresista Cambio Democrático-Juntos por el Perú expresaron su intención de presentar una moción de vacancia para destituirla, cuestionando su ausencia en la agenda oficial debido a una cirugía estética el año pasado, así como su presunta interferencia en la administración de justicia en el caso de la detención de su hermano.

Hasta ahora, estas iniciativas no han logrado obtener el respaldo necesario en el Congreso para ser oficialmente presentadas. Además, el ministro del Interior, Walter Ortiz, ha negado las acusaciones de obstrucción a la justicia por parte de Boluarte, señalando que la desactivación de un equipo policial no constituye tal delito.

Controversia por supuesto encubrimiento

La reciente resolución suprema firmada por el ministro Ortiz, que dejó sin efecto la creación de un equipo policial de apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción, levantó sospechas sobre un presunto encubrimiento por parte del gobierno. Asimismo, la detención de Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda por parte del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) desencadenó investigaciones preliminares contra Boluarte y Ortiz, acusados de encubrimiento y abuso de autoridad.

Las diligencias judiciales contra la presidenta se centran en su presunta instigación a delitos contra la administración pública, lo que ha intensificado el debate sobre la integridad del gobierno y sus acciones en la lucha contra la corrupción.

En medio de estas controversias y desafíos, Dina Boluarte se mantiene firme en su compromiso de liderar el país hasta el final de su mandato, mientras exige que se respete la voluntad democrática expresada por el pueblo peruano en las urnas.

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