La Casa Blanca ha expresado su descontento y críticas hacia la nueva ley de Texas que facilita las deportaciones de migrantes sin el debido proceso. Según la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, esta legislación «radical» deshumaniza a los migrantes y no contribuye a mejorar la seguridad en las poblaciones cercanas a la frontera con México.

Jean-Pierre ha afirmado que la ley impulsada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, «demoniza» profundamente a los migrantes que llegan a Estados Unidos y va en contra de los principios y valores del país. La portavoz también ha señalado que esta medida se suma a otras políticas antiinmigración implementadas por Abbott, como la colocación de alambres de púas en la frontera.

Sin embargo, la Casa Blanca no ha aclarado si emprenderá acciones legales contra Texas para detener la implementación de esta ley. Jean-Pierre ha afirmado que esta es una decisión que debe tomar el Departamento de Justicia.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) han presentado una demanda impugnando la ley SB4, que otorga a policías y jueces de Texas la facultad de detener y deportar migrantes sin el debido proceso. Esta ley va en contra de la legislación federal, ya que los jueces de Texas estarían autorizados a ordenar la deportación de una persona sin considerar si es elegible para solicitar asilo u otras protecciones humanitarias.

La nueva ley de Texas forma parte de un paquete de tres leyes antiinmigrantes firmadas por Abbott el lunes, después de ser aprobadas por el Congreso estatal, donde los republicanos tienen mayoría.

La postura del gobernador de Texas frente a la inmigración ha generado fuertes críticas, incluso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha calificado como «señor de malas entrañas» por sus políticas migratorias.

La implementación de esta ley en Texas ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes y organizaciones que promueven un proceso migratorio justo y humanitario. Mientras tanto, la Casa Blanca evalúa sus opciones para enfrentar esta legislación y frenar sus efectos en la comunidad migrante.