La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alzó su voz en contra de lo que considera un ‘ejercicio abusivo del poder’ por parte de la Fiscalía de Guatemala en relación a sus acciones contra el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, y su partido, el Movimiento Semilla.

Según un comunicado emitido por la CIDH, se hace un ‘llamado a cesar las acciones injerencistas del Ministerio Público que atentan contra el orden democrático y la voluntad soberana de la población’.

La CIDH manifestó su preocupación ante lo que considera un atentado contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio de las libertades civiles y políticas en Guatemala. En este sentido, el organismo rechazó de manera contundente lo que denuncia como un ‘ejercicio abusivo del poder’ perpetrado por la fiscalía guatemalteca.

La situación se agudizó cuando el Ministerio Público solicitó el pasado jueves la retirada de la inmunidad judicial tanto de Arévalo como de la vicepresidenta electa, Karin Herrera, por su supuesta implicación en un caso de daños contra el patrimonio público relacionado con la toma de la Universidad de San Carlos en 2022. La toma se realizó por estudiantes que denunciaban irregularidades en el centro. Como resultado de este caso, Marcela Blanco, excandidata a diputada del partido Semilla, resultó detenida, mientras que se emitieron órdenes de arresto contra otras 25 personas, entre las que se encuentran exfuncionarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios.

¿Un intento de golpe de Estado? Arévalo eleva denuncias

Esto marca un nuevo episodio de la ofensiva judicial emprendida por el Ministerio Público guatemalteco contra Arévalo y su entorno desde que el candidato progresista sorprendió con su victoria en las elecciones presidenciales.

Cabe destacar que Arévalo ha denunciado públicamente que esto constituye un intento de golpe de Estado por parte de la fiscal general, Consuelo Porras, quien buscaría evitar que él asuma la Presidencia de Guatemala el próximo 14 de enero, fecha en la que está previsto que tome el cargo, sucediendo al actual mandatario, Alejandro Giammattei.

La CIDH, con su pronunciamiento, se suma a las críticas internacionales que se han generado en torno a la actuación de la Fiscalía de Guatemala en este caso. Queda por ver qué acciones se tomarán a nivel nacional e internacional ante esta situación, que pone en riesgo tanto la democracia como el respeto a los derechos humanos en el país centroamericano.

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