Una coalición de 20 estados de Estados Unidos ha presentado una demanda contra la administración del presidente Donald Trump.

La acción responde a la exigencia del gobierno federal de obtener datos personales de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), justificado como herramienta para perseguir migrantes.

Contexto de la demanda

El fiscal de California, Rob Bonta, en una conferencia de prensa junto a las fiscales de Nueva York y Michigan, Letitia James y Dana Nessel, respectivamente, señaló que la solicitud incluye información sensible como nombres, números de seguro social y direcciones de los beneficiarios.

La demanda, presentada en California, argumenta que esta medida viola leyes de privacidad y erosiona la confianza pública en el gobierno federal.

El Departamento de Agricultura, encargado del SNAP, había establecido un plazo para la entrega de los datos, advirtiendo sobre posibles repercusiones para los estados que no cumplieran.

Bonta subrayó que la medida no se centra en combatir el fraude, dada la baja tasa de irregularidades del programa, sino en usar los datos para intimidar a comunidades vulnerables.

La fiscal James destacó el impacto potencialmente negativo en Nueva York, donde millones dependen del SNAP, incluidos niños y personas con discapacidades.

Reacciones y futuro del caso

Otros estados como Kentucky, Arizona y Oregón se unieron a la demanda, destacando la falta de precedentes de una solicitud de esta magnitud.

James calificó el uso del SNAP como herramienta de persecución migratoria como indignante, mientras Nessel destacó el efecto disuasivo sobre quienes buscan asistencia.

La demanda, con implicaciones significativas para la política de privacidad y derechos de los beneficiarios del SNAP, seguirá desarrollándose en los tribunales.

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